Puso al descubierto las artimañas a las que acude la corrupción para quedarse con la plata destinada a financiar indemnizaciones y ayudas humanitarias para los nacionales afectados por el conflicto armado. Según dio a conocer, para ello carteles especializados falsificaban documentos e incurrían en toda clase de “conductas criminales” a fin de quedarse con esas partidas.
Todo lo anterior fue puesto al descubierto mediante auditorias programadas ante el Fondo de Reparación para las Víctimas durante los últimos meses, misión que le fue encargada a agentes especializados de la Contraloría; descubrieron enredos por el orden del billón y medio de pesos.
Reveló el contralor Edgardo Maya Villazón que “algunos pagos de indemnizaciones o ayudas humanitarias destinados a las víctimas fueron entregados de manera indebida a terceras personas, por debilidades en el registro y en el cruce de información o por presuntas conductas de orden penal, como la falsificación de documentos”.
De momento el organismo de vigilancia logró documentar suficientemente importante número de casos que comprometen cerca de 60 mil millones de pesos, los cuales ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.
El nuevo escándalo de corrupción bajo el gobierno Santos contendría “debilidades en la administración de los bienes destinados a la reparación de las víctimas por parte de la UARIV, donde se destacan las referidas al manejo de los proyectos productivos, que han mostrado una escasa rentabilidad, acumulando en algunos casos pérdidas que se acercan a los $2.000 millones de pesos”.
La CGR encontró también que muchos de los bienes que fueron recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) no pertenecían a los victimarios, por lo que han debido restituirse. Se trata de 70 inmuebles que habían sido entregados por los Bloques: Cacique Nutibara de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba (ACCU), la Casa Castaño y Tolima de las ACCU, con lo que se evidencian las debilidades del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz.
De la misma forma encontraron que de los 1.027 inmuebles bajo custodia del Fondo, el 58%, en su mayoría rurales, se encontraban sin administración y por tanto con riesgo de pérdida en su vocación reparadora. Las principales causas que impiden la debida administración son: ocupaciones no autorizadas (47%), minería ilegal o improductividad (9%), orden público y difícil acceso (7%) y otras variables (36%).
Hace poco el contralor Edgardo Maya Villazón, escandalizado por los índices de corrupción que se dispararon durante los últimos años, pidió que dejaran “tanta robadera”, al hacer referencia de los hallazgos de su despacho en muy buena parte de las entidades oficiales particularmente del orden nacional.
*Encuentre y reciba más información de Cundinamarca uniéndose al fan page: https://goo.gl/13uuPz
*Espacio publicitario 
