Bajo amenaza el predio, del cual la familia campesina derivaba su sustento, fue objeto de una transacción obligada por una suma “irrisoria” en hechos ocurridos a comienzos de los 90
La devolución de las tierras, 9.942 metros cuadrados, fue posible mediante largo proceso ante la justicia emprendido por la Unidad de Restitución de Tierras, cuyo desenlace acaba de conocerse.
Se sabe que el despojo de los terrenos fue protagonizado por una banda criminal cuyas operaciones fueron puestas al descubierto por las autoridades nacionales.
“La familia fue obligada a malvender y abandonar sus tierras por amenazas de hombres armados integrantes de una organización del narcotráfico que operaba en los departamentos de Cauca y Cundinamarca”, indicó la URT.
El fallo concluyente lo emitió la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Bogotá, una vez validó las pruebas presentadas por los organismos competentes.
“La propiedad (que) fue confiscada por la justicia y entró en trámites de extinción de dominio, llevó al Juez de Restitución de Tierras a solicitar la suspensión de este proceso en abril de 2018, para así avanzar en el proceso de reparación al beneficiario de este fallo”.
Para Rossvan Blanco, director territorial de la Unidad para Bogotá y Cundinamarca, lo sucedido confirma que las instancias legales operan en eventos de estas características.
“El compromiso con las víctimas de Cundinamarca y de Colombia está más que claro y vigente”, subrayó.
La sentencia también ordena la asignación de recursos para que la familia afectada pueda reactivar su economía mediante la aplicación de un proyecto productivo.
También dispuso un “alivio de pasivos financieros que haya contraído el predio del beneficiario durante el tiempo de desplazamiento”.
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