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Enel Colombia: Crece robo de energía en Cundinamarca y Bogotá

por: Sala de Redacción

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Denunció Enel Colombia que para este 2022 el robo de energía en Cundinamarca y Bogotá es igual al consumo anual de tres ciudades juntas: Chía, Zipaquirá y Cajicá.  

El fenómeno ocurre, principalmente, en Soacha, Zipaquirá, Madrid, Funza, Ubaté, Facatativá, Girardot, Flandes, Silvania y Fusagasugá. En cuanto al Distrito, los mayores casos se presentan en Bosa, Kennedy, Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos y Suba.

Sobre lo anterior se pronunció la proveedora explicando que el hurto de luz subió a 230 GWh/año, un fenómeno que necesariamente  incide de forma negativa  en la calidad del servicio.

A su vez, en lo corrido de este año han sido acumuladas 1.250 denuncias por hurto de energía. La mayoría de los infractores son personas relacionadas con “predios comerciales, industriales y algunas zonas residenciales”.

Daños inmediatos por el robo de energía

Buena parte de los hurtos consisten en alteración de medidores y conexiones directas a los postes de energía, práctica que no solo se constituye en un delito, sino que pone en riesgo la vida de los manipuladores.

La capital colombiana presenta índices preocupantes para Enel Colombia. El daño está representado en el robo de cable y las conexiones ilícitas ocasionando enormes pérdidas.

Ante esa circunstancia, la ESP formuló llamados a fin de que los ciudadanos asuman un rol importante a la hora de atacar esta clase de  sucesos.

 “Estas conexiones ilegales desestabilizan el sistema de energía poniendo en riesgo la seguridad de los clientes”, explica la proveedora.  

Además, ocasiona inconvenientes por fluctuaciones en la energía, eventuales “incendios en domicilios, daños irreversibles en electrodomésticos e, incluso, incremento en el valor de la factura”.

Un delito de delicadas consecuencias

La electrificadora alerta que el robo de energía, además de poner en riesgo la vida de los responsables y usuarios, los enfrenta a multas y penas que pueden alcanzar hasta los 6 años de prisión.

“Desde Enel Colombia buscamos reducir y erradicar el hurto de energía, con el fin de preservar la seguridad de nuestros clientes y de la misma infraestructura”, insiste.

Ante la circunstancia del incremento en el robo de energía, la empresa ha decidido llevar el caso ante las instancias respectivas. “Hemos acudido ante las autoridades competentes para iniciar acciones legales contra quienes cometen este delito. Solo en 2022 el hurto de energía fue de 230GWh/año, equivalente al consumo mínimo vital de energía eléctrica de Chía, Zipaquirá y Cajicá durante un año”.

Por todo lo anterior, la ESP decidió elevar el grado de las medidas siguiendo el propósito de eliminar el hurto de luz, indicó Francesco Bertoli, Gerente General de Enel Grids en Colombia.

Casos decididos por la justicia colombiana

A lo largo de los últimos meses, la Compañía logró 149 fallos reconociendo casos de robo de energía, decisiones que incluye sentencias y castigos de Ley.

“Actualmente se encuentran en proceso otras 279 acciones penales interpuestas por Enel Colombia por robo de energía”. Esa clase de delitos son tipificados en el  Código Penal, y prevé multas entre 1,33 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También precisa penas de entre entre 16 y 72 meses tras las rejas.

Llama la atención el hecho de  que uno de los casos, ya resuelto, se relaciona con una industria de plásticos; tenía conexión directa con la red. El dueño de la compañía fue sentenciado a 2 años de prisión, además de las sanciones económicas.

Denuncias ciudadanas

Al entregar los reportes, Enel Colombia formuló llamados a las comunidades a fin de que hagan saber sobre esta clase de irregularidades. Los hechos pueden ser puestos en conocimiento de las autoridades a través de la línea  601 5140000 para Bogotá y Cundinamarca.

Explica que comportamientos de estas características precisan multas de hasta150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y tiene penas establecidas entre 16 y 72 meses de prisión. Lo anterior de acuerdo al artículo 256 del Código Penal Colombiano,  Ley 599 de 2.000.