La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha marcado un camino innovador con la promulgación de la Resolución 7285, estableciendo un compendio de normativas orientadas a remodelar el panorama de los servicios móviles en Colombia, incluyendo la voz móvil, SMS y el Internet móvil. Estas medidas persiguen un ecosistema competitivo en el sector, que redundará en beneficios directos para los consumidores nacionales.
En el corazón de esta resolución, encontramos un abanico de acciones regulatorias que apuntalan tres pilares fundamentales: la tutela de los derechos del usuario, el incremento de la eficiencia en la utilización de la infraestructura de comunicaciones, y la alineación con la normativa existente.
El impacto esperado de estas medidas es robustecer dinámicamente el sector, impulsando ofertas más atractivas y acordes con las necesidades del usuario, además de propiciar una distribución mejor balanceada de la infraestructura de comunicaciones, enfocándose en regiones de difícil acceso.
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Nicolás Silva Cortés, comisionado y director ejecutivo de la CRC, ha manifestado que la implementación de estas acciones provendrá en un aumento de la competitividad en el mercado. Silva Cortés subraya la trascendencia de la "mayor transparencia en la información" como catalizador de inversiones y de una toma de decisiones más ilustrada por parte tanto de consumidores como de proveedores.
Por su parte, la entidad de telecomunicaciones Claro ha solicitado al MinTIC, bajo la dirección de Mauricio Lizcano, un esclarecimiento jurídico sobre la reciente resolución que la señala como operador dominante. La empresa expresa su anhelo de que tales medidas fomenten la inversión y crezcan los beneficios para los usuarios.
Claro ha planteado la conveniencia de evaluar si la CRC está promoviendo la competencia y un desarrollo equitativo en el mercado con sus recientes iniciativas. La firma advierte sobre posibles limitaciones a su capacidad competitiva y potenciales consecuencias negativas inadvertidas, resaltando además, la aprobación por la Superintendencia de Industria y Comercio para la fusión de redes entre Movistar y Tigo, lo cual introduce una nueva dinámica altamente competitiva.
El estatus de operador dominante implicaría para Claro ciertas limitaciones y responsabilidades adicionales, buscando preservar una competencia justa. La empresa recalca la necesidad de un equilibrio regulatorio que permita la competencia en igualdad de condiciones para todos los actores del mercado.
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