Para la JEP y “Según la Sección de Revisión, servidores de la Fiscalía pudieron omitir sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectaron la soberanía nacional”. Compulsó copias para que se investigue a quienes tuvieron la misión de recaudar pruebas en el caso del exguerrillero Seuxis Paucias.
Se conoció la determinación finalizando la tarde de este agitado miércoles, en medio de la sucesión de hechos relacionados con la negativa de la JEP por autorizar la extradición de alias “Santrich” a los Estados Unidos, supuestamente comprometido en tráfico de drogas.
“Las leyes internacionales establecen que cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con la debida asistencia judicial, que es el permiso para recaudar las pruebas. En este caso la asistencia judicial la debió realizar la Fiscalía General de la Nación, y la Sección de Revisión de la JEP pudo establecer que el ente acusador no realizó esta diligencia”, señala la comunicación oficial de la JEP al justificar esta solicitud.
Agrega que lo anterior se encuentra sustentado en “auto 030 del 15 de mayo de 2019, que aplicó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández y ordenó su inmediata liberación, la Sección de Revisión de la JEP decidió compulsar copias disciplinarias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, según sea el caso, a raíz de las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia contra Seuxis Paucias Hernández”.
Se deduce, según la Justicia Especial para la Paz, que la Fiscalía no aportó documentación requerida en cuanto a las pruebas recaudas y procedimientos a manos de los “testigos confidenciales” de que hace referencia la Fiscalía, asunto que pude constituirse en falta a la luz de las disposiciones colombianas.
Más adelante precisa que “la Fiscalía General no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera y al responderle a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la asistencia judicial y del control judicial de las actuaciones de los testigos cooperantes”.
También resalta que los “videos inaudibles que circularon por redes sociales”, y que la Sección le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades de Estados Unidos, no fueron entregados a la Jurisdicción y no obran en el expediente.
“Adicionalmente, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no envió las evidencias solicitadas y que en las interceptaciones telefónicas referidas a otra investigación remitidas por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición, la Sección de Revisión concluyó que no podía evaluarla y, por lo mismo, tampoco le fue posible determinar la fecha precisa de su ejecución”.
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