¿Emitir o no emitir? La violencia intelectual masificada es lo que aliena el imaginario colectivo, reduciendo a la gente a la condición de servidumbre voluntaria.
Opinión
Octavio Quintero
Fuente: El Satélite
A raíz de la propuesta de Petro de pedirle crédito directo al Banco de la República para apuntalar la reactivación socioeconómica del país, es predominante el concepto de que “no se puede” porque causa inflación.
No es solamente Petro, sino reconocidos académicos como Salomón Kalmanovitz, o empresarios como el mismo presidente de la ANDI, Bruce Mac Máster, partidarios de estrenar el art. 373 de la Constitución que permite las operaciones de crédito directo a favor del Estado, con el voto unánime de los miembros de la Junta Directiva.
Pero la intelectualidad neoliberal hizo común el sentido de que todo crédito directo del emisor al Estado es igual a inflación, y por tanto, debe salir del Banco de la República a las arcas de la banca privada, con módica tasa de interés, y de allí al gobierno, con tasa de mercado, “con el fin de que no cause inflación”.
Nada más falso: si algo causa inflación es la tasa de interés que en Colombia bordea la confiscación de bienes financiados por la banca que, a hoy, ostenta un margen de intermediación que puede ser hasta 14 veces mayor a la tasa de captación, el más alto de Latinoamérica.
Es aberrante la tasa de interés permitida por el Gobierno sobre créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que, a la fecha, puede llegar hasta el 57,21% (Res.0622 Superfinanciera-julio), con un margen de intermediación 31 veces la tasa de captación. MIPYMES que, necesario es repetirlo, constituyen el entramado económico y social más importante del país, por su generación de empleo y principal fuente de ingresos de los hogares. ¿Qué hace un microempresario(a) para sobrevivir? Trasladar al consumidor esa tasa, vía precio final de su actividad industrial, comercial o de servicios.
Volviendo al tema central, la emisión lo que dispone es la cantidad de dinero en manos de la gente para comprar bienes y servicios. Si la capacidad instalada de producción nacional sintoniza con la demanda, el precio que surja es el justo precio.
Pero, como en el mundo estamos, entra en juego la avidez humana, distorsionando la teoría, convirtiendo el fenómeno de la inflación en un tema complejo: hay inflación crónica, coyuntural, circunstancial, sobreviniente, especulativa; inflación por mucha demanda o poca oferta, etc. etc.
La misma directora del FMI, en reciente editorial en la web del Fondo, aconseja adoptar “políticas monetarias acomodaticias” (relajadas), y ante previsibles brotes pasajeros de inflación evitar “reacciones exageradas”.
No obstante, todo indica que el Gobierno Duque está cerrado ideológicamente a intentar un crédito directo del emisor. Pero, si el sucesor fuera Petro, tampoco obtendría el crédito directo, aunque lo intentara, porque ya el Banco de la República cerró la puerta, o al menos así se puede deducir del artículo de Jorge Toro, asesor del gerente general, en el que expresa:
“… Recurrir a un crédito directo … tendría un alto costo en materia de credibilidad para el Banco de la República y para el Gobierno, que podría encarecer sustancialmente el endeudamiento público o limitar el acceso del Gobierno a ese financiamiento… Si se busca cubrir esos gastos (pospandemia) con emisión, podría generarse una grave dependencia de la política monetaria en la política fiscal, lo que eventualmente conduce a procesos inflacionarios o a crisis macroeconómicas cuyos costos típicamente son pagados por las personas más vulnerables de la sociedad”.
Mírense los tiempos de los verbos y el adverbio utilizados en este párrafo: todos son condicionales, o supuestos o hipótesis. Pero, el común de la gente, confiando en la inteligencia de estos catedráticos, suprime mentalmente el “tendría”, “podría” y “eventualmente”, dando por hecho que los créditos directos del emisor al Gobierno “… son pagados por las personas más vulnerables de la sociedad”.
Fin de folio. 750 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020, mientras unos cuantos ultrarricos aumentaron sus fortunas en plena pandemia. El G-20 y la OCDE apoyan un impuesto universal a la riqueza. Y en Colombia salen sabiondos a rechazar la propuesta dizque porque los ricos se irían del país.
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