Por: Alejandro
Deberá comparecer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el próximo jueves 26 de marzo a las 8 y 30 de la mañana, dentro de las investigaciones que se siguen en su contra por el presunto pago de comisiones por favorecer a Fidupetrol en un fallo de tutela. Escasas dos horas antes el presidente de la Corte Constitucional había advertido que no renunciará y amenazó con “decirle la verdad al país” sobre lo que él considera son aparentes irregularidades del Fiscal Eduardo Montealegre y algunos de sus compañeros.
Sobre su llamado a la Comisión de Acusaciones el representante investigador, Julián Bedoya, observó que la decisión fue tomada considerando “la gravedad de las afirmaciones que se han hecho” en contra de Pretelt, en medio de un escándalo viene ganando dimensiones insospechadas.
Comentó además que al magistrado le serán brindadas todas las garantías para seguir ejerciendo su derecho a la defensa, persiguiendo también que le cuente a esa célula legislativa todo lo que sabe frente a eventuales casos de corrupción en el poder judicial.
Precisamente en horas de la mañana de este viernes en declaraciones a la W Radio Pretel había advertido enfáticamente que “no voy a renunciar. Si lo hago nos vamos todos”, insinuando que conoce varios episodios sobre maniobras corruptas dentro de la Corte Constitucional, las cuales revelará si las cosas llegan a un punto extremo.
Dijo estar dolido por la forma como el fiscal Eduardo Montealegre se ha comportado contra él y su familia, especialmente por haber citado a su esposa, Martha Ligia Patrón, por presunta apropiación de terrenos baldíos en algunos departamentos de la Costa Atlántico.
Fue más allá e indicó que Montealegre está molesto porque él, Pretelt, no quiso cambiar su opinión y posición frente a al proceso de paz, particularmente en lo relacionado con que los guerrilleros “no pague ni un día de cárcel”.
Además suministró una serie de hechos que podrían comprometer al Fiscal en tráfico de influencias mediante el nombramiento de varias personas y familiares relacionadas con los magistrados.
En opinión de analistas este puede ser uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, incluso más allá de los sonados casos del carrusel de la contratación en Bogotá y muchos más que han dejado maltrecha la institucionalidad del país.
