La tendencia jurídica del momento gira en torno al proceso que se adelanta al expresidente Álvaro Uribe Vélez; cada movimiento de los investigadores o del investigado es difundido con todo lujo de detalles por los medios de comunicación; los expertos se disputan por aparecer públicamente y dar sus conceptos perentorios y darse así su aire de popularidad en un juicio telenovelesco en el que todos quieren aparecer.
Opinión
Por: Fusunga
Aunque el deseo general es que el proceso se mueva rápidamente, este se mueve al ritmo que está estipulado en las normas legales, ni más rápido ni más despacio.
Tampoco puede quedar archivado en las grandes montañas de expedientes de las entidades que imparten justicia como le puede pasar a otros procesos de investigados de menor importancia, y/o a los que se les frena premeditadamente cualquier avance con el propósito de lograr la popular figura del “vencimiento de términos”, es decir que, en el episodio de Uribe, la justicia si funciona, a poquitos, pero funciona; para el caso de otros investigados también puede funcionar, pero depende.
Está sobre la mesa la propuesta de la reforma a la justicia; existen muchas instancias y cortes y se debe reducir a los mínimos aceptables para que realmente funcione, alegan sus proponentes.
Es claro que la estructura organizacional de la justicia es susceptible de modificaciones, pero con reforma o sin ella, la justicia se seguirá moviendo lentamente, al ritmo que las leyes lo permitan, es decir que el problema no es Uribe ni es la justicia, son las leyes.
Los honorables legisladores manifiestan que Colombia es un país de leyes y que, por lo tanto, siempre brillara la justicia con transparencia y claridad en todos los actos de la sociedad colombiana, y por eso siempre están a la caza de nuevos argumentos para crear nuevas leyes.
Sin embargo, aparece el eterno interrogante: ¿Lo que es legal es justo? O, ¿lo que es justo es legal?, y es ahí donde nace la frustración de la sociedad porque es la injusticia la que reina en el país del Sagrado Corazón.
Nuestros Representantes legislan en la Cámara y en el Senado de manera muy laxa cuando se trata de mantener sus privilegios, pero muy drásticamente con nuevos códigos, normas y procedimientos cuando es para clase productiva del país a la que atacan y reprimen sin consideración.
Así las cosas, podemos determinar entonces, que las leyes tampoco son el problema; el problema son nuestros ilustres legisladores que viven en un planeta completamente diferente al del resto de sus conciudadanos, y mientras el pueblo no entienda esta situación, por más reformas que se le hagan a la justicia para que cambie, nunca va a cambiar. 
