Remiten a la Fiscalía copias del expediente a fin de que analice si existen problemas de orden penal. También será evaluado el comportamiento del secretario de Desarrollo Urbanístico, Vivienda y Ordenamiento Territorial del mismo municipio, Jorge Eliécer Ortiz Velásquez; el lío podría alcanzar a varios concejales.
Lo anterior tiene origen en el desarrollo del plan de vivienda Ciudadela Campestre Chauta desarrollado en zona agrícola de esa ciudad, proyecto que habría sido ejecutado sin contar con viabilidad en los servicios públicos como también y en calidad de presunción, violentando procedimientos legales con el cambio del PBOT (Acuerdo 007 del 2012) en el Concejo Municipal.
“Se envió a la Fiscalía informe sobre la actuación de la Asociación de Vivienda Unidos por Madrid - Asvimadrid -, que recaudó $45.000 millones para un proyecto de vivienda que no contaba con servicios públicos”, señala comunicación de la Procuraduría.
De acuerdo al Ministerio Público se busca determinar si con la expedición de las resoluciones 224 y 335 de 2014 y 134 de 2015 se habría incurrido en “irregularidades en los conceptos, licencias urbanísticas para la subdivisión de predios, autorizaciones y procedimientos, para la puesta en marcha de la urbanización, que sería desarrollada por la Asociación de Vivienda Unidos por Madrid – Asvimadrid”.
Esa organización está compuesta por 900 personas cada una de las cuales que habrían pagado $5 millones por derecho a un lote de 72 metros cuadrados, lo que representó un recaudo de $45 mil millones.
La decisión también dispone el traslado de copias para que se “evalúe disciplinariamente la actuación del diputado de la Asamblea de Cundinamarca, Juan Carlos Coy, por presuntamente promover el proyecto de la ciudadela campestre, y de funcionarios de la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca”.
Inquieta a la Procuraduría la posibilidad de que no hubiesen realizado el debido seguimiento a Asvimadrid, disuelta por vencimiento del término de duración desde el 11 de noviembre de 2017, sin que se hubiera liquidado ni rendido informe sobre la millonaria suma recaudada dentro de los aportantes.
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