A medida que Colombia se prepara para las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026, las obligaciones que conllevan la participación ciudadana toman especial relevancia. Entre ellas, la designación y el cumplimiento del rol de jurado de votación son temas que cobran fuerza, dados los mecanismos legales y las sanciones que existen para quienes no acaten esta responsabilidad.
La selección de jurados de votación es realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de un sorteo público. Este proceso involucra a miles de ciudadanos escogidos para desempeñar funciones en los diferentes puestos de votación a nivel nacional durante cada jornada electoral. El deber de ser jurado es considerado de aceptación obligatoria, pues simplemente con la publicación de los listados oficiales, sin necesidad de notificación individual, la obligación se hace efectiva.
No cumplir con el deber de asistir como jurado de votación, sin justificación aceptada por la autoridad electoral, puede derivar en sanciones económicas considerables. De acuerdo con la Ley 163 de 1994, quienes no sean servidores públicos y omitan esta responsabilidad pueden ser multados con hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), lo que equivale, para 2026, a aproximadamente COP$17.509.050.
Para los servidores públicos, la omisión o abandono del cargo de jurado no solo implica la posibilidad de una multa, sino también la apertura de procesos disciplinarios que pueden llevar a la destitución del cargo, incrementando así la severidad de las consecuencias para este sector.
Las sanciones no solo se aplican a quienes no presentan justificación ante su ausencia, sino también a aquellos que abandonen la mesa de votación durante la jornada sin una causa válida. Para hacer efectivas estas sanciones, los registradores municipales o distritales emiten una resolución a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría.
Para verificar si se ha sido seleccionado como jurado de votación en los comicios presidenciales del 2026 o comprobar el estado de sanciones previas, la Registraduría facilita consultas tanto en su sitio web oficial como en sus sedes físicas. Allí, mediante el número de cédula, las personas pueden obtener la información de manera ágil y directa.
La importancia de cumplir este rol radica en mantener la organización y legalidad del proceso electoral. El adecuado funcionamiento de las mesas de votación depende de la presencia y el trabajo de los ciudadanos designados como jurados, quienes tienen a su cargo la administración, certificación y registro de los votos.
Las funciones del jurado, además, incluyen tareas críticas como el conteo y la documentación de los sufragios en cada puesto electoral, lo que contribuye a la transparencia del proceso y al fortalecimiento de la confianza pública en los resultados electorales.
En suma, ante la proximidad de los comicios presidenciales de 2026, la ciudadanía convocada como jurado de votación debe estar alerta y al tanto de su deber, para evitar sanciones y garantizar la normalidad y legalidad del proceso democrático colombiano.
