Una nueva tensión ha surgido entre la Administración Municipal de Soacha y la empresa URBASER, operadora del servicio de aseo. El alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ manifestó públicamente su rechazo rotundo a la intención de la empresa de imponer un cobro por la prestación del servicio en el sector rural del municipio. Según el mandatario, esta propuesta pretende aprobarse en la Junta Directiva de la empresa sin contar con los soportes técnicos y sociales necesarios para una decisión de tal magnitud.
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La defensa de la capacidad de pago de las comunidades rurales
El núcleo de la controversia radica en la falta de verificación de la viabilidad socioeconómica y la capacidad de pago de aproximadamente 8.000 usuarios rurales. El alcalde argumenta que no se puede imponer una tarifa estándar a poblaciones que tienen condiciones económicas y logísticas muy distintas a las de la zona urbana. "Perico" ha anunciado que su voto en la Junta Directiva será negativo, argumentando que la propuesta de URBASER ignora la realidad de las comunidades del campo y no contempla alternativas comunitarias o colectivas que podrían reducir costos para los habitantes.
Calidad del servicio: La otra cara de la moneda
El pronunciamiento del alcalde no se da en el vacío. Se produce en un contexto de fuerte inconformismo ciudadano por los altos costos del servicio de aseo en los sectores urbanos, lo que incluso ha llevado a la Procuraduría a realizar un seguimiento permanente a la empresa. Además, el mandatario recordó que antes de hablar de nuevos cobros, se debe garantizar la calidad en la prestación del servicio, señalando que actualmente existen dificultades evidentes en la recolección en las zonas rurales.
Un principio de justicia social como línea roja
La Alcaldía de Soacha ha reiterado que cualquier decisión sobre servicios públicos debe ser socialmente justa y técnicamente sustentada. El alcalde hizo un llamado a buscar modelos de gestión que reconozcan la participación directa de los usuarios rurales y que se ajusten a la realidad económica del municipio.
Por ahora, la administración se mantiene en una posición de vigilancia y defensa de los intereses de la población, asegurando que no se avalarán tarifas que afecten el bienestar de las familias soachunas sin un análisis profundo previo. La noticia ha generado un amplio debate sobre el papel de los operadores privados y la responsabilidad de los gobiernos locales en la regulación de los servicios esenciales.
