Con su equipo de juristas asistirá todos los procedimientos relacionados con inquietudes sobre presunto “peculado y prevaricato”, en cuanto al manejo a las “Áreas de Cesión tipo A”.
Informe Especial
El espinoso tema fue documentado por la concejal Luz Fany López en desarrollo de sesiones de control político en el Concejo de Fusagasugá, Cundinamarca, queja que radicó oficialmente este viernes (9 de agosto) a las 11 y 5 de la mañana ante la Procuraduría Provincial en esta ciudad.
Las inquietudes surgieron luego que notaran dudosas aplicaciones en los cobros o compensaciones que los constructores deben efectuar al municipio, por el desarrollo de proyectos urbanísticos superiores a los mil metros cuadrados.
De acuerdo a la norma, la retribución debe ser igual al 25% del total del terreno comprometido en la intervención. Esa obligatoria cesión debe efectuarse en la misma área afectada con destino a “zonas verdes, parques y equipamiento comunal público”.
En caso de que lo anterior, por alguna razón especial, no pueda adelantarse de esa manera estricta, la compensación puede realizarse en dinero con cargo a las arcas municipales.
Sin embargo, un caso especial disparó las alarmas dentro de sectores del cabildo, por lo que decidieron ahondar las investigaciones.
Buscando, aleatoriamente, o al azar, encontraron que, en una de las liquidaciones adelantadas en el sector de la Pampa, de alta valorización, el metro cuadrado de cesión tipo A fue liquidado a 95.133 pesos.
A su vez, en operación aplicada por el mismo avaluador, en el barrio Potosí, el metro cuadrado fue cobrado a un millón 300 mil pesos, lo cual no tiene ninguna justificación considerando las enormes diferencias comerciales entre los dos sectores.
Significa lo anterior, en términos matemáticos, que por el área de cesión en La Pampa el urbanizador compensó al municipio $128 millones (por 1.355 metros cuadrados) a razón de $95.133 (aproximadamente) metro cuadrado, mientras que en el Potosí, el metro cuadrado fue tazado en un millón 300 mil pesos con el mismo avaluador.
Igualmente causó desconcierto el hecho de que la Alcaldía de Fusagasugá, Cundinamarca, para el mismo caso de La Pampa, dispusiera construir, como compensación, un muro en Villa Cesárea, es decir lejos del área intervenida y, en consecuencia, por fuera de los parámetros establecidos en la norma.
Todo lo anterior hizo que se solicitara la intervención de los órganos de control a fin de que se establezca la realidad de lo sucedido sobre el particular.
Apoyo parlamentario
Así la petición para que el senador Jorge Robledo Ortiz intervenga en el caso de Fusagasugá, cobra especial importancia.
Para el congresista los casos de posible corrupción en las regiones, como en Cundinamarca y algunos de sus municipios (no especificó cuales), el tema alcanzó dimensiones “inatajables”; inmanejables. (Ver: Muy poco y nada puede hacerse contra la corrupción en las regiones )
Son numerosos lo caso que dan fuerza al pesimismo frente a la intervención de los organismos de control. Algunos analistas consideran que las dudas (y la preocupación) quedarían resueltas si la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría resolvieran los casos en sus manos. (Ver: Los intocables )
El congresista ha sido autor de serias investigaciones que hoy tiene contra las cuerdas a muy buena parte de contratistas y funcionarios del alto gobierno salpicados por escándalos mayúsculos.
Logró que se ordenara la liquidación de la concesión de la Ruta del Sol II, uno de los más sonoros episodios de presunta corrupción en el país, que compromete a Odebrecht y al Grupo Aval del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo.
También, en cierta medida, destapó otros ruidosos casos como Reficar, el Cartel de la Toga y otros vergonzosos sucesos para el país.
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