El Gobierno actual encabezado por el presidente Gustavo Petro marcó un hito en la relación entre la pequeña minería y el Estado con la entrega de 156 títulos mineros a pequeños extractores de oro. Este acto no solo representa un paso adelante en la formalización de la pequeña minería sino que también destaca el compromiso del Gobierno por proteger los recursos hídricos del país.
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Durante el evento, el Presidente expuso su visión de cambiar la dinámica actual de explotación minera hacia una más equitativa y sostenible. La entrega de títulos es vista como el comienzo de un acuerdo de colaboración entre el Estado y los pequeños mineros, que busca proporcionar soluciones y alternativas que no comprometan uno de los recursos más vitales: el agua.
El mandatario cuestionó el modelo económico prevaleciente en el sector, donde las grandes maquinarias y las corporaciones dominan la extracción, dejando a los pequeños mineros en una lucha constante por subsistir. La necesidad de una transformación en esta relación es evidente para permitir que los mineros artesanales tengan una estabilidad de largo plazo, propuesta por el presidente con la idea de otorgar títulos que aseguren su permanencia y trabajo en un sitio por décadas.
Además, el presidente Petro enfatizó en la importancia de la colaboración entre la tecnología y las estrategias estatales para encontrar métodos de extracción que coexistan armónicamente con la naturaleza, garantizando así la preservación del agua. Este enfoque busca no solo legalizar sino también dignificar el trabajo de los mineros artesanales, quienes históricamente han sido marginados y estigmatizados.
La devolución de la responsabilidad de la titulación minera al Gobierno Nacional se ha destacado como un paso clave hacia la resolución de conflictos y la reducción de la violencia asociada con la minería en regiones como Antioquia. Esta decisión subraya la determinación del Gobierno de asumir un papel más activo en la regulación y apoyo a la pequeña minería en todo el país.
El presidente Petro ha manifestado su deseo de extender esta iniciativa a una escala mayor, aspirando a legalizar la labor de miles de mineros a lo largo de Colombia. Este enfoque incluye la propuesta de establecer una comercializadora pública de oro que asegure precios justos para los pequeños mineros, integrándolos de manera formal y equitativa en la economía.
Este evento en Caucasia, además de ser una plataforma para reafirmar las promesas de la campaña presidencial, sirve como recordatorio del compromiso del Gobierno con el cambio en las políticas mineras del país. La visión de transformar la minería hacia una que apoye a los pequeños mineros y a las prácticas ancestrales refleja un enfoque renovado en la sostenibilidad y la justicia social.
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