La lucha por la preservación ambiental en el municipio de Soacha ha dado un nuevo paso decisivo. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso dos medidas preventivas consistentes en la suspensión inmediata de actividades de quema en el predio denominado ‘Lo’, ubicado en la vereda La Chacua. Este operativo, realizado en coordinación con el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional, detectó la producción ilegal de carbón vegetal, una práctica que infringe gravemente la normativa ambiental colombiana.
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El peligroso proceso detrás del carbón ilegal
Durante la inspección técnica, aunque no se encontraron personas en el lugar, las huellas de la actividad reciente eran innegables. Se hallaron pilas en combustión de dimensiones considerables: aproximadamente 4 metros de largo por 2 metros de ancho y 2 metros de altura. Estas estructuras, conocidas en el argot local como "camas", son alimentadas principalmente por retazos de huacales, tablas y estibas de madera de procedencia desconocida. El proceso consiste en una combustión incompleta de estos materiales para obtener carbón, liberando al entorno una mezcla peligrosa de gases y partículas.
Una nube tóxica que afecta a toda la comunidad
El director regional de la CAR en Soacha, César Augusto Rico Mayorga, advirtió sobre la toxicidad de estas emisiones. Al quemarse madera de desecho que a menudo contiene restos de pintura, barnices y piezas metálicas, se generan agentes altamente contaminantes como:
- Monóxido de carbono y óxidos de azufre y nitrógeno.
- Dioxinas y furanos, compuestos químicos extremadamente tóxicos.
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado fino que afecta directamente los pulmones de la población circundante.
Este tipo de actividades está prohibido por el Decreto 1076 de 2015, debido a que desencadenan daños irreparables en los recursos aire, agua y suelo.
Operativos continuos y trabajo interinstitucional
La intervención en La Chacua no es un hecho aislado. En lo que va del año 2025, la CAR ha liderado 13 operativos similares en las zonas rurales de Soacha. Estas acciones han resultado en la captura de más de 30 personas, quienes han sido puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos ambientales.
La Corporación no solo se ha limitado a la suspensión de actividades, sino que ha remitido oficios a la Alcaldía de Soacha para que, desde su competencia administrativa, ejerza un control permanente sobre el predio afectado. Este esfuerzo conjunto busca erradicar una práctica que, bajo la fachada de una actividad productiva, esconde un grave atentado contra la biodiversidad y la salud pública del municipio. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para denunciar estas prácticas a través de los canales oficiales, como el correo sau@car.gov.co, para asegurar un territorio libre de contaminación.
