El Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero han alcanzado un acuerdo integral que establece el fin de los bloqueos en las principales vías del país y marca el inicio de una serie de medidas destinadas a enfrentar la coyuntura actual del sector arrocero. Este pacto, que diversas fuentes califican como “histórico”, surge luego de un proceso de diálogo abierto, respetuoso y participativo, promovido en un lapso de tan solo diez días por varios ministerios y organismos, y se orienta a garantizar la continuidad y sostenibilidad de la producción arrocera en el tiempo.
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El acuerdo destaca la importancia de establecer un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, lo cual implica la adopción de la resolución de libertad regulada de precios, y se fundamenta en la presentación de una fórmula de cálculo propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entre los elementos esenciales se encuentran medidas que aseguran la cobertura de los costos de producción sin generar utilidades para el productor. Además, se contempla la radicación del borrador ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para la emisión del concepto legal que respalde la normativa, lo que respalda la legitimidad del proceso ante los marcos regulatorios vigentes de la Ley 1340 de 2009.
Dentro del marco del acuerdo se han dispuesto múltiples acciones y mecanismos de coordinación interinstitucional. Las entidades involucradas en el proceso son las siguientes:
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• Ministerio de Interior
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Policía Fiscal y Aduanera (POLFA)
• Superintendencia de Industria y Comercio
• Defensoría del Pueblo
• Voceros y representantes de los productores
En consonancia con las iniciativas expuestas, se han definido varias medidas específicas que se detallan en distintas fases del acuerdo. Entre las acciones señaladas se encuentran: la regulación del precio del arroz paddy verde, la evaluación de medidas de defensa comercial, la creación de una comisión técnica que permita la identificación y aplicación de mecanismos legales para mitigar la caída de precios desde junio de 2025, y el fortalecimiento de los paquetes de medidas de apoyo a la comercialización. Cada uno de estos puntos se estructura para enfrentar de manera urgente y estructural los desafíos que afectan al sector.
El acuerdo contempla, además, la revisión y ajuste de instrumentos económicos que permitan mejorar el acceso justo al agua para el sector agropecuario. En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asumirá la responsabilidad de liderar una mesa técnica con el Comité Nacional del Paro Arrocero, con el objetivo de transformar el sistema del instrumento económico denominado Tarifa del Uso del Agua (TUA). La integración otorgará una solución que equilibre los intereses de los productores y responda eficazmente a las necesidades del sector, sin alterar el proceso normativo vigente.
Otro aspecto puntual del acuerdo se relaciona con la revisión de fuentes de información utilizadas en la determinación de la presunción de costos, tarea que estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El establecimiento de una mesa técnica orientada por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) tiene la finalidad de asegurar que las resoluciones con respecto a la determinación de costos se basen en datos confiables y actualizados. Este componente del acuerdo refuerza la transparencia y el rigor en la elaboración de normativas para el sector, garantizando la coherencia en la aplicación de la resolución 209 de 2020.
La logística y el control de la cadena de suministro también forman parte de los compromisos asumidos en este acuerdo. En este contexto, la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se ha comprometido a efectuar inspecciones en centros de acopio y molinos. La finalidad de estas acciones es revisar los stocks y sus orígenes, lo que permitirá mantener la integridad de la cadena de valor y asegurar que el proceso de comercialización del arroz se lleve a cabo conforme a los estándares establecidos. Estas medidas buscan evitar irregularidades y mantener el cumplimiento de la normativa vigente.
La implementación de estas medidas se complementa con el establecimiento de una comisión técnica mixta, cuyos objetivos se definen en dos líneas fundamentales: por un lado, identificar e implementar mecanismos que apoyen a los productores ante la caída de los precios del arroz paddy verde desde el 26 de junio de 2025, y por otro, retomar y fortalecer los apoyos en materia de comercialización a través de instrumentos como el FONSA y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios – FAIA. El desarrollo de esta comisión técnica se orienta a asegurar que las soluciones previstas respondan de manera directa a las necesidades del sector arrocero, manteniendo un enfoque basado en los marcos legales aplicables.
Asimismo, se ha pactado la suspensión de las acciones de movilización y el restablecimiento de la movilidad en las vías nacionales que habían sido interrumpidas por el paro. Con la firma del acta, el Comité Nacional del Paro Arrocero ha expresado su conformidad con las medidas adoptadas y, en consecuencia, declara culminado el paro iniciado el 14 de julio de 2025. No obstante, las partes dejan claro que esta suspensión no impide la posibilidad de que futuras movilizaciones sean emprendidas en caso de que se requiera un seguimiento estricto del cumplimiento de lo acordado. Este compromiso refleja la intención de mantener canales de diálogo abiertos entre el sector y el Gobierno.
Finalmente, se han dejado dos constancias explícitas al concluir el proceso de negociación: en primer lugar, el Comité Nacional del Paro Arrocero reiteró su disposición a activar futuras movilizaciones si la vigilancia sobre el cumplimiento de lo convenido lo exige; y en segundo lugar, el Gobierno nacional reafirmó su vocación por el diálogo, invitando al Comité a continuar por las rutas del entendimiento en situaciones futuras. Estas constancias, acompañadas de la firma del acta, constituyen un registro claro de los compromisos asumidos por ambas partes, sin implicar juicios de valor ni conclusiones subjetivas sobre la situación del sector arrocero.
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