La decisión fue adoptada por la Procuraduría luego de diligencias que había anticipado ante posibles irregularidades en la contratación para construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Delicias Sur, que comprometen recursos por el orden de los $19 mil millones. También se encuentran involucrados el exsecretario de Obras Públicas, Rafael Antonio Ballesteros, y el exjefe de Programación de ese mismo despacho, Mauricio Enrique Cabrera Marín.
Son en total tres cargos los formulados por el Ministerio Público en contra del exmandatario de Chía Guillermo Varela Romero, dentro del episodio relacionado con el contrato 1215- CT381 de noviembre del 2015, que suscribió con Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia.
Considera que no se guardaron dictados sobre transparencia en la contratación al negociar directamente con esta organización sin tener en cuenta los preceptos de pluralidad que deben guardarse en este tipo de procedimientos administrativos dentro de entidades estatales.
Explica la Procuraduría que la posible falta se configura cuando Varela Romero “haciendo uso de la causal de contratación directa consistente en no existir pluralidad de oferentes en el mercado, conducta con la cual posiblemente desconoció los principios de transparencia y selección objetiva que regulan la contratación estatal, al haber presuntamente evadido el procedimiento de licitación pública por el cual debía haberse adjudicado el contrato”.
Para el organismo de control, en un segundo cargo, tampoco se realizaron los estudios técnicos que permitieran el desarrollo del proyecto en cuestión.
La posible tercera anomalía se habría configurado luego que Varela Romero hubiese ordenado “mediante oficio de noviembre 23 de 2015, la entrega de un anticipo por más de $17.000 millones para efectos de la adquisición e importación de los bienes objeto de contratos de aprovisionamiento número 2015 - CT381, “sin que se evidencie la existencia de garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y excediendo el monto legalmente autorizado para la entrega de anticipos, el cual es del 50% del valor del respectivo contrato”.
Los demás
En cuento al exsecretario de Obras y el exjefe de la Oficina de Programación los cargos tienen que ver con su posible participación en la etapa precontractual con aparente desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva.
“Al parecer los disciplinados aprobaron los estudios y documentos previos y profirieron la Resolución No. 3397 de noviembre 4 de 2015, por medio de la cual justificaron el uso de la contratación directa para el negocio jurídico”, subraya la Procuraduría.
Igualmente a Rafael Antonio Ballesteros le reprocha el haber suscrito un acta de recibo final que firmó el 30 de noviembre del 2.015 certificando que el contratista se encontraba a “paz y salvo” por todo concepto, pese a que la firma encargada, a esa fecha, no había cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato de aprovisionamiento.
Se refiere en concreto al suministro de tecnología y la puesta en marcha de la planta de tratamiento. Debido a ello la Procuraduría “calificó provisionalmente las presuntas faltas de los disciplinados como gravísimas y graves a título de dolo”.
El procedimiento que desencadenó esta decisión había sido anticipado por el Ministerio Público el 26 de julio pasado. (Ver el siguiente enlace)
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