EL Ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, tomó la decisión de no renovar el contrato de fabricación de pasaportes y visas con la multinacional Thomas Greg & Sons. Por presunto caso de favorecimientos a esta compañía en el proceso de licitación. Tomada esta determinación, la Cancillería debe resolver quien se encargara de la fabricación de estos documentos, ya que el contrato actual vence el próximo 2 de octubre.
La encrucijada de Álvaro Leyva
En un giro inesperado, el canciller Álvaro Leyva optó por arriesgar un potencial desabastecimiento de visas y pasaportes antes que conceder un contrato bajo cuestionamientos por supuestos favorecimientos a una multinacional.
Esta decisión, aunque riesgosa para el suministro de estos documentos oficiales, mantiene la transparencia del proceso de licitación.
La compañía Thomas Greg & Sons, actual contratista a cargo de imprimir, personalizar y distribuir pasaportes, cuyo contrato vence el 2 de octubre, ha amenazado con acciones legales en contra de la Nación, por un monto cercano a los $100.000 millones.
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Si se concreta esta amenaza, la Cancillería tendría que enfrentar un desafío considerable, dado que no existe otra empresa en el país con la capacidad técnica y administrativa de asumir este encargo en un corto periodo.
Thomas Greg & Sons, que ha dominado el negocio de visas y pasaportes en Colombia durante los últimos 17 años, produce actualmente entre 170.000 y 180.000 libretas de pasaporte mensualmente.
Este volumen considerable requiere de máquinas altamente especializadas que son difíciles de encontrar en la región.
Afortunadamente, existen algunas opciones para minimizar la posible interrupción de la producción de estos documentos cruciales. Se discuten actualmente colaboraciones internacionales para eludir el posible desabastecimiento.
Entre las opciones se encuentra la posibilidad de imprimir los pasaportes en un país extranjero y enviarlos a Colombia, o traer una máquina de respaldo mientras se resuelve la contingencia.
Inequidad en licitación
La licitación cuestionada, valorada en casi medio billón de pesos, tenía como objetivo garantizar la "personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica" durante los próximos tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro.
En esta licitación, otras oferentes se retiraron alegando favorecimientos hacia Thomas Greg & Sons. Incluso, hubo amenazas de demandas a la Cancillería por parte de multinacionales extranjeras que alegaban incumplimiento de tratados de libre comercio y falta de igualdad de condiciones para empresas colombianas y extranjeras.
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En el escenario de la licitación de pasaportes en Colombia, la empresa Thomas se erigía como la única oferente capaz de cumplir con las rigurosas especificaciones técnicas demandadas por la licitación.
El retiro temprano de otros competidores, como Veridos, la imprenta nacional de Alemania, Cadena - una firma paisa aliada con la Casa de Moneda de Portugal y InGroup - responsable de los documentos oficiales de Francia y Perú, entre otros, plantea la cuestión de si existían posibles favoritismos en el proceso.
El canciller Leyva, sin hacer conclusiones prematuras, sembró esta semilla de duda en la mente del público interesado.
Futuro en la fabricación de pasaportes y visas
Como resultado, el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó la decisión de declarar desierto el proceso de licitación. En términos prácticos, esto implica reiniciar el proceso de licitación desde el principio.
La Cancillería también ha decretado una "Urgencia Manifiesta", lo que le permite contratar a una empresa por un periodo de 12 meses de manera directa.
Este periodo de tiempo no es arbitrario, sino que responde a una estrategia planificada. Se necesitan alrededor de cinco meses para realizar nuevamente todo el proceso de contratación y aproximadamente siete meses más para que la empresa adjudicataria se prepare para asumir la impresión de las visas y sellos de pasaportes del país.
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La posible salida de Thomas no sólo pone en riesgo la provisión de los documentos, sino que otros servicios también podrían verse afectados.
En la mayoría del país, las oficinas oficiales donde se realizan los trámites de pasaporte operan bajo la dirección de las gobernaciones. Sin embargo, en Bogotá, la administración de dichos centros recae sobre el contratista.
Por lo tanto, es probable que Bogotá sufra especialmente durante un par de semanas mientras la Cancillería determina el mejor camino a seguir para evitar un caos administrativo.
A pesar de estos desafíos, el Gobierno no se encuentra en una situación completamente desfavorable. Thomas reveló que poseen aproximadamente 13.000 libretas de pasaportes en blanco que son propiedad del Estado.
Esto significa que la nueva empresa contratada tendría un margen de maniobra de dos meses para operar con esa cantidad de libretas, personalizándolas y entregándolas.
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