En un giro de acontecimientos relacionados con el cumplimiento de las medidas para la protección de 36 cementerios con posibles víctimas de desaparición en el Valle del Cauca, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado un arresto de dos días para Clara Luz Roldán, gobernadora de dicha región. La decisión se dio tras la ausencia tanto de la gobernadora como de su delegado en una audiencia clave, que tenía como fin hacer seguimiento a las medidas de protección mencionadas.
Clara Luz Roldán, al dirigirse a la opinión pública, manifestó su total apoyo a las políticas de atención a las víctimas, recalcando su compromiso histórico con estas causas. La gobernadora declaró a Caracol Radio que su ausencia se debió a problemas de salud de su delegado, aduciendo que las justificaciones médicas fueron presentadas puntualmente ante la JEP.
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A pesar de las circunstancias, Roldán afirmó que acatará el fallo de la JEP y hará uso de los recursos legales disponibles, subrayando la carga de responsabilidades en su cargo. Además, expresó su esperanza en que el organismo comprenda la situación y ratificó su voluntad de cumplir la orden de arresto.
Por otro lado, la JEP encontró deficiencias en la gobernadora del Valle al considerar que no ejerció el debido control sobre la delegación de dicha orden judicial. En línea con esta decisión, el subsecretario de Convivencia y Seguridad de Valle del Cauca, William Hernández Arias, enfrenta una sanción de arresto de cinco días.
La situación surgió inicialmente cuando la gobernación del Valle designó a Walter Camilo Murcia Lozada como su representante. Sin embargo, posteriormente se comunicó que el nuevo representante sería el señor Arias.
La ejecución del arresto de la Gobernadora y el Secretario se realizará en las instalaciones del Departamento de Policía del Valle del Cauca, según ha determinado la JEP. Con estos hechos, queda claro que la justicia transicional en Colombia continúa su labor con firmeza, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y los deberes de sus funcionarios públicos en el marco del proceso de paz y memoria histórica del país.
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