En un contexto de esfuerzos continuados por la paz en Colombia, la vida de Yohan Serna Murillo, excombatiente y signatario del histórico acuerdo de paz colombiano, fue abruptamente interrumpida. Su deceso se produce en medio de su transición hacia la vida civil, ilustrando los desafíos persistentes para aquellos que buscan reintegrarse a la sociedad. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el hallazgo de su cuerpo en una zona norte de Antioquia, marcando el caso como un preocupante retroceso en el proceso de paz.
El exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vinculado al esquema de protección del congresista Pedro Baracutao, se encontraba en tránsito hacia Medellín cuando fue forzado a descender de la embarcación en la que viajaba y, posteriormente, asesinado. El trágico suceso ocurrido entre Acandí y Turbo resalta la vulnerabilidad a la que aún están expuestos los firmantes del acuerdo en algunas regiones del país.
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La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una Alerta Temprana, evidenciando la complicada interrelación entre el conflicto armado remanente, el crimen organizado y las dinámicas de migración en la frontera colombo-panameña. Estos factores, complejos y entrelazados, agravan los riesgos para los derechos humanos tanto de migrantes como de comunidades locales.
Indepaz ha recopilado datos alarmantes que reflejan la magnitud del problema: desde la implementación del acuerdo de paz, 407 signatarios han sido asesinados, 43 de ellos en lo que va del año en curso. Estas cifras no solo cuantifican la tragedia sino que también ponen de relieve la urgencia de fortalecer las medidas de protección para quienes han dejado las armas en busca de un nuevo comienzo.
Este más reciente asesinato es un llamado a la acción para las autoridades colombianas y la comunidad internacional, subrayando la importancia de reforzar la seguridad y el apoyo institucional para los procesos de reincorporación y el mantenimiento de la estabilidad y la paz en Colombia.
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