En respuesta al reciente crimen que ha sacudido a Tuluá, el Gobierno Nacional ha decidido tomar cartas en el asunto con una inversión significativa y tecnología de punta. Con una asignación presupuestaria de $10.000 millones, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció la inminente puesta en marcha de un avanzado sistema de videovigilancia para el municipio vallecaucano, en un esfuerzo conjunto por mejorar la seguridad y tranquilidad de sus habitantes.
El innovador sistema de cámaras, que se estima estará operativo a partir de febrero, no será uno cualquiera. Equipado con tecnología de reconocimiento facial y de placas vehiculares, su despliegue se centrará en las áreas de influencia de la organización criminal "La Inmaculada", marcando un precedente en estrategias de seguridad. "Estamos hablando de uno de los proyectos más ambiciosos en el ámbito de la seguridad a nivel nacional", subrayó el ministro Velasco, reflejando la magnitud del plan que deberá ser detallado en el transcurso del mes.
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Dentro de este contexto de refuerzo de seguridad, el Ministerio de Justicia, por su parte, se compromete a iniciar operativos en centros penitenciarios. Este movimiento busca obstaculizar la continuidad de las operaciones ilegales que, según se ha informado, se dirigen desde las mismas prisiones por líderes de "La Inmaculada".
Además, durante la reunión donde participaron el ministro Velasco, el alcalde Gustavo Vélez y autoridades departamentales, se acordó la implementación de planes candados para zonas críticas de Tuluá, intensificando así la vigilancia y control en sectores vulnerables a la delincuencia.
Frente a las crecientes amenazas que pesan sobre figuras públicas del municipio, el alcalde Vélez destacó la revisión detallada de cada caso por parte de las entidades encargadas, buscando garantizar la seguridad de los servidores públicos.
El alcalde también se dirigió a la situación del concejal Ávila, lamentando la actuación del gobierno anterior y señalando la falta de seguimiento formal a las denuncias hechas por Ávila frente a los entes de control como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía. Sin embargo, este anuncio se presenta no como un fin, sino como el comienzo de una nueva estrategia que busca restaurar la confianza y protección en Tuluá.
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