Se ha presentado una actualización en el caso de corrupción de Centros Poblados, resonando en las redes sociales y los medios de comunicación, que involucra a la exministra de las TIC, Karen Abudinen. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tomado una nueva decisión acerca de las medidas cautelares urgentes establecidas el 13 de septiembre de 2021.
Recordando el caso, la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda para resguardar los derechos e intereses colectivos que se creían vulnerados por el contrato entre el consorcio Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta acción legal ha experimentado un giro reciente.
El Tribunal ha decidido cesar el proceso tras considerar como inapropiado el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos que la Procuraduría General defendía. Destaca el fallo del Tribunal, el cual dice que ya no tiene las competencias para continuar con la demanda, observando la existencia de otros litigios similares en el sistema judicial.
En ese sentido, la responsabilidad de valorar los incumplimientos y perjuicios causados al Ministerio recae ahora en el juez de la Sección Tercera del mismo Tribunal. Esto significa que la decisión sobre la acción popular ya no compete al Tribunal.
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Hasta el momento, la acción iniciada en el 2021 había congelado $85.945.938 que permanecían en las cuentas oficiales de la Unión Temporal. Este dinero formaba parte de un depósito judicial hecho por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Para comprender el origen del escándalo de Centros Poblados:
Los primeros indicios de irregularidades se revelaron en junio de 2021 con un contrato firmado por el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal. El primer conflicto surgió cuando Centros Poblados presentó garantías falsas, obteniendo un anticipo de 70.000 millones.
Tras estos eventos, se declaró la caducidad del contrato y se produjo la dimisión de Karen Abudinen, la entonces Ministra de las TIC. Organismos como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría iniciaron investigaciones que aún siguen en curso.
Es relevante recordar que este proyecto fue revelado por la cabeza del ministerio en diciembre del 2020. El plan era conectar 7.277 centros digitales, con un presupuesto de 1,7 billones, según datos de Transparencia por Colombia.
El escándalo obtuvo tracción cuando se evidenciaron los primeros incumplimientos del consorcio, quienes debían entregar varios centros para el 30 de abril de 2021. Hasta aquella fecha, no se había instalado ningún punto digital de los más de 7.000 prometidos.
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