La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha fijado una fecha decisiva para que el general retirado Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, despliegue lo que sabe sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano. Santoyo debe comparecer el 21 de marzo de 2024, en una audiencia donde su cooperación podría ser crucial para esclarecer delitos que han quedado en la sombra de la historia reciente del país.
El contexto de este llamado a la verdad radica en la aceptación de Santoyo por parte de la JEP desde septiembre de 2021, tras haber cumplido una condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. No obstante, su retorno a Colombia en abril de 2019 abrió el camino para que enfrentase otras indagaciones pendientes, incluyendo la desaparición de Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes), y el asesinato del periodista Jaime Garzón.
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La JEP busca dilucidar el alcance de la influencia de Santoyo dentro de la jerarquía policial, en la que llegó a ocupar el rango de brigadier general, y el grado de involucramiento en actos ilícitos contemplados en los procesos que aún lo involucran en Colombia. Los detalles que aporte podrían arrojar luz sobre crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en connivencia con paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado.
Esta diligencia se ve ensombrecida por la postura actual de Santoyo, quien contradice su previa admisión de culpabilidad en Estados Unidos insistiendo ahora en su inocencia. La JEP cuestiona esta actitud aseverando que no procedería contra alguien "aleatoriamente" sin evidencias, y recalca la importancia de la sinceridad en el proceso.
La JEP se muestra escéptica debido a las respuestas evasivas de Santoyo y su aparente estrategia de aceptar cargos en Estados Unidos como táctica procesal, sin implicar reconocimiento de culpabilidad. Este comportamiento ha puesto en duda su disposición para colaborar con la búsqueda de la verdad.
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