En la cotidianidad de la vida bogotana, un video capturó la esencia del peligro urbano el pasado 22 de enero. La difusión de estas imágenes por redes sociales reveló no solo una escena de inseguridad, sino también el subyacente mercado de uniformes policiales falsos. Un empresario chino, al volante de su camioneta Toyota Prado, se enfrentó a una inusual amenaza: dos impostores disfrazados de policías intentando un robo.
El centro de la discusión ciudadana se situó en cómo dichos criminales se habían hecho con atuendos tan auténticos. La preocupación escaló cuando se puso en evidencia la existencia de una oferta detallada de elementos del uniforme policial en puntos estratégicos de Bogotá, incluso a pasos de la Casa de Nariño:
- Un kit completo de uniforme, incluyendo parches y presillas, se valúa en 280.000 pesos.
- La gorra oficial, insignia de grado incluida, por 40.000 pesos.
- La chaqueta reflectiva, a 130.000 pesos, y el casco de motociclista por 335.000 pesos.
- La camisa licrada y las botas ostentan precios de 15.000 y 110.000 pesos, respectivamente.
El análisis de Red+ expone que el disfraz completo de policía de vigilancia rondaría los 500.000 pesos, y un uniforme de Policía de Tránsito, aún más detallado, alcanzaría los 900.000 pesos.
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Por otro lado, Infobae Colombia resaltó la alarmante accesibilidad a estos uniformes en plataformas digitales, con ofertas que van de los 100.000 a más de un millón de pesos, sin mencionar la perturbadora presencia de chalecos antibalas para la venta.
Además, la confección de bordados con datos personales, sin exigencias o restricciones, complica la vigilancia y el control por parte de las autoridades, ya que se pueden recrear réplicas exactas de los uniformes con detalles muy específicos.
El debate se extiende hacia la normativa vigente, mencionando el artículo 346 del Código Penal colombiano, que impone penas severas por la adquisición y comercialización ilegal de estos insumos institucionales. La ley no solo prohíbe el uso indebido de estos elementos sino que, además, incrementa las penas en zonas de especial atención estatal como los territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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