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Denuncian Presuntos Vínculos entre la Administración de Claudia López y Antiguo Carrusel de la Contratación

por: Julian Glevez

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En un giro de eventos que ha sorprendido a las esferas políticas y ciudadanas, el concejal Diego Cancino ha utilizado su plataforma en redes sociales para desvelar evidencias que conectan a antiguos implicados en el carrusel de la contratación con la administración actual de la alcaldesa Claudia López. Esta información ha desencadenado una serie de interrogantes sobre la transparencia y los procesos de selección en las contrataciones públicas.

La adjudicación de contratos que ha levantado sospechas involucra al Consorcio Tecni Malla Vial 2021, constituido por Obras de Ingeniería Guadalupe SAS y Roccia SAS. En el centro de las indagaciones se encuentra Obras de Ingeniería Guadalupe SAS, anteriormente Tecniciviles, y su nexo con Mauricio Galofre Amín, quien fuera condenado a prisión por delitos asociados a la corrupción en la Alcaldía de Samuel Moreno.

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El concejal Cancino puso en evidencia que aun con cambios de nombre, como el de Tecniciviles a Obras de Ingeniería Guadalupe SAS, las conexiones con actores cuestionables permanecen. Además, destacó el nombre de Marcela Sofía Alies, accionista de la anterior Tecniciviles, quien fue condenada por varios delitos, incluida la corrupción agravada sobre bienes del Estado. A pesar de su condena, la empresa de Alies, Tecniconsultas, ha conseguido contratos con la actual administración para auditar la concesión de los cementerios de Bogotá.

La ley colombiana establece barreras claras para prevenir que condenados o empresas bajo su influencia participen en licitaciones y contratos públicos. Sin embargo, estas revelaciones ponen en entredicho la eficacia de dichas medidas, al demostrar que las mencionadas firmas han conseguido contratos con entidades estatales como la UAESP y en proyectos significativos como el mantenimiento de la malla vial de la ciudad.

Estos hallazgos impulsan una vez más el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en los procesos de contratación pública. La comunidad espera que las respuestas surjan con prontitud y transparencia, garantizando el uso adecuado de los recursos y la confianza en las instituciones.

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