Condenar solo la violencia ‘ilegal’ del pueblo, es justificar la violencia ‘legal’ de un régimen autocrático. Y si me apuran, estoy con los que no tienen sino dos mejillas para poner, y en las dos les están dando.

 

Opinión

Por: Octavio Quintero

Editorial El Satélite

Envía: REDGES

Colombia cerró el año 2019 con una protesta social que, de no haber sido por la pandemia global que explotó un mes después, quién sabe en qué hubiera parado de haber tenido continuidad.

Ese fue un indicador no muy lejos de la explosión social que muestran los medios de comunicación en vivo alrededor del mundo, tanto en los regímenes calificados democráticos como los no democráticos.

O sea que todos los regímenes políticos incuban violencia y, en gracia de discusión, siguiendo a Churchill, “La democracia es el menos malo”.

Los que pregonan que la “violencia no se resuelve con más violencia” debieran decirnos, entonces, cómo se resuelve la primera violencia que genera, como reacción, la segunda violencia.

El concepto encierra una terrible paradoja aparentemente insoluble. Si diéramos con la clave para alcanzar una democracia plena, justa y equitativa, podríamos estar seguros de que se acabaría, por sustracción de materia, la violencia ‘ilegal’ que genera la primera violencia ‘legal’.

El famoso índice de democracia global que edita The Economist, nos dice en su último informe (2019) que “solo un 13,4% de 165 países analizados entra en lo que llamamos una democracia plena”.

O sea, el 86,6%, que ya eligió “el menos malo de los sistemas políticos”, lo ha degrado al extremo que sería bien difícil diferenciarlo de su contrario: la autocracia.

Todo tratado sobre valores democráticos habla de una convivencia social progresiva en libertad, igualdad, justicia, respeto, tolerancia, pluralismo y participación.

Esos mismos tratados hablan de que las autocracias son formas de gobierno donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido… Bueno, saquen conclusiones sobre Colombia.

La democracia se ha ido reduciendo, como lo proclamaba Aristóteles, a regímenes basados en la oligarquía y la plutocracia, relegando la representación del pueblo (demos) a cosa ínfima que no tiene más opción que acudir a la violencia para hacerse notar. Como lo dijo Luther King, semanas antes de ser asesinado en 1968:

“No alcanza con que me pare delante suyo esta noche y condene los disturbios. Sería moralmente irresponsable que haga eso sin que, al mismo tiempo, condene las condiciones intolerables y eventuales que existen en nuestra sociedad. Estas condiciones son las que hacen que las personas sientan que no tienen otra alternativa que participar en rebeliones violentas para llamar la atención. Y debo decir esta noche que los disturbios son el lenguaje de los que no son escuchados”.

Desde la crisis financiera global (2008), que nos descubrió al emblemático 1%, se prometieron correcciones ambiciosas para luchar contra la desigualdad a través de un modelo económico más justo y productivo. 12 años después, una dolorosa pandemia nos muestra que las distancias, antes que recortarse, se han ensanchado.

Y la lógica lleva a esperar más violencia ‘ilegal’ porque, también paradójicamente,  la actual oleada de protestas sociales alrededor del mundo demuestran que la gente se aferra al sistema menos malo de los regímenes políticos que describía Churchill en su época, capturado hoy por una plutocracia corrupta.

Mientras encontramos cómo neutralizar la violencia física, económica, ambiental y moral que generan los regímenes democráticos y no democráticos bien haríamos en no descargar toda la culpa en los que solo están reaccionando a su instinto de supervivencia.

No condenar las dos violencias, es justificar alguna de ellas. Y si me apuran, estoy con los que no tienen sino dos mejillas para poner, y en las dos les están dando.