El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario del presidente Iván Duque por descartar una decisión de la Corte Suprema de Justicia la cual declaraba el Parque Natural Nacional Los Nevados como sujeto de derechos.
La CSJ le había ordenado al mandatario crear un escuadrón especial con el objetivo de custodiar y cuidar el parque. Lo anterior luego de evidenciar varias afectaciones como tráfico de flora y fauna en un área protegida y desabastecimiento de agua.
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Dicha orden tenía un plazo de un año; sin embargo, el presidente Duque incumplió con el fallo y la situación de la reserva natural sigue siendo delicada, según el Tribunal Superior de Ibagué.
Así fueron las cosas
A pesar de los requerimientos judiciales, el primer mandatario no demostró la puesta en marcha de medidas para acatar la orden de proteger el Parque Natural Los Nevados.
El 5 de mayo, la Corte Constitucional emitió un comunicado señalando que la reforma a la Ley de Garantías que impulsó el gobierno, había sido declarada inexequible por vicios de trámite. A pesar de que se trataba de una ley estatutaria, el Congreso modificó la ley existente como si se tratara de una ordinaria. De esa forma, la iniciativa aprobada en octubre de 2021 quedó sin efecto y significó un duro golpe judicial para el presidente Iván Duque.
Otro revés
Ahora el mandatario sufre un nuevo golpe en los estrados. Recientemente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué ordena abrirle un incidente de desacato por incumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Tiene relación con una tutela de noviembre de 2020, promovido por el abogado Juan Felipe Rodríguez, que declaró al Parque Nacional Los Nevados como sujeto de derechos.
En esa ocasión, la Sala de Casación Laboral de la Corte estudió una decisión previa del Tribunal Superior de Ibagué que había reconocido que este ecosistema gozaba de protección.
Una ponencia de la magistrada Cecilia Dueñas ratificó, entonces, lo dicho por el Tribunal y formuló una serie de órdenes al presidente Iván Duque para preservar el parque. Entre esas estaba la creación de un grupo especializado de miembros de la fuerza pública que aseguraran el respeto por los derechos reconocidos en la acción de tutela.
Lo dispuesto
Le ordenaron al Jefe de Estado, como comandante de las Fuerzas Militares y Policía, designar grupos que se encargaran de garantizar la preservación de la zona en referencia.
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Se le fijó, además, un plazo perentorio de un año al gobierno para poner en marcha un plan de recuperación, manejo y mantenimiento de esta área protegida.
Sin embargo, el gobierno no ha logrado acreditar el cumplimiento de las órdenes de la Sala de Casación Laboral.
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