Por: Alejandro

Para el Ministerio Público lo ordenado por el presidente Juan Manuel Santos afecta ostensiblemente la capacidad de neutralización de la fuerza pública, lo cual deja en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos.   Expresa temor de que vuelva a ocurrir lo sucedido en agosto pasado cuando se impartió la misma orden, circunstancia que, dice, facilitó la preparación de la atroz ola de atentados terroristas de mayo, junio y julio anteriores  incluyendo el asesinato de 100 solados en Buenos Aires, Cauca, en abril pasado.

Los puntos de vista fueron dados a conocer a través de un comunicado de prensa este lunes en donde se difunden  observaciones sobre la forma como, en su opinión, otros grupos terroristas y bandas criminales con las cuales las Farc trabaja conjuntamente en algunas zonas del país, pueden escudar sus operaciones al amparo de la orden en cuestión.

 Expresa temores de que desde los campamentos que ahora no serán bombardeados se puedan fraguar  y dirigir nuevos hechos ilegales como la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores de edad y el mercado de armas.

La nota es la siguiente:

El Gobierno vuelve al cese bilateral disfrazado.

1. El presidente de la República prohibió de forma indefinida los bombardeos contra las FARC, a pesar de que el grupo terrorista declaró en principio un cese unilateral hasta el 20 de agosto de 2015, que podría prorrogarse hasta el mes de noviembre.

2. Se repite la dolorosa historia que terminó con la masacre de 11 soldados por parte de las FARC en abril pasado. 20 héroes más quedaron heridos. La decisión que en ese momento el presidente anunció de no realizar operaciones de bombardeo contra las FARC, paralizó en alto grado las acciones de las Fuerzas Armadas y facilitó la preparación de la atroz ola de atentados terroristas ejecutada en los meses siguientes de mayo, junio y julio por parte de ese grupo.

3. Al igual que sucedió con la primera orden de prohibir los bombardeos contra las FARC, se trata en realidad de un cese bilateral disfrazado, como en su momento lo advirtió la Procuraduría. Ese cese paraliza a la fuerza pública en contra de esa organización armada ilegal y le proporciona un estatus de inmunidad a sus integrantes, al igual que a las acciones criminales que adelantan.

4. Con la prohibición de bombardeos contra las FARC se afecta ostensiblemente la capacidad de neutralización de la fuerza pública, poniéndose en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos. El Ministerio de Defensa registra que entre enero y abril de 2015, periodo en el que se hizo efectiva la orden presidencial de suspensión de bombardeos, las desmovilizaciones descendieron 16% respecto al mismo periodo de 2015. Las capturas se redujeron en 28% y los guerrilleros muertos en combate disminuyeron en 56%. Las propias cifras del Gobierno demuestran que no es cierto, como lo sugirió el presidente, que se perseguirá el delito y se asegurará el cumplimiento de la ley.

5. Muchas de las zonas campamentarias de las FARC están ubicadas en espacios geográficos donde solo es posible atacarlas con eficacia por medios aéreos. Al prohibir las operaciones beta de bombardeo a las Fuerzas Militares, el Gobierno convierte a los campamentos de las FARC en santuarios de protección de sus miembros y en lugares desde donde se podrá continuar ordenando la realización de actos criminales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de niños, el tráfico de armas, la minería criminal, el desplazamiento forzado y el asesinato. Por tal razón, no es cierto, como lo sugirió el presidente, que se perseguirá el delito y se asegurará el cumplimiento de la ley.

6. Teniendo en cuenta que en varias zonas del país las FARC delinque conjuntamente con el ELN y las bandas criminales Bacrim, la prohibición de bombardeos también beneficiará a esas otras organizaciones ilegales. De esta manera, no puede ser cierto, como lo sugirió el presidente, que se perseguirá el delito y se asegurará el cumplimiento de la ley.  

7. La mesa de negociación de La Habana no ha llegado a un punto de irreversibilidad que asegure la firma de un acuerdo, como el propio jefe negociador del Gobierno, doctor Humberto De La Calle lo reconoció ante el Congreso de la República. Siendo así, paralizar a la Fuerza Pública es, junto a la decisión de desmantelar la lucha contra cultivos ilícitos, una injustificada concesión a las FARC que atenta contra los derechos ciudadanos y la seguridad nacional.

8. La Procuraduría continuará en ejercicio de sus obligaciones constitucionales defendiendo los intereses de la sociedad, el ordenamiento jurídico y los derechos de todos los colombianos.