Emplazó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a numerosos gobernadores a fin de que asuman trabajos ponga freno a los castigos y violación de los derechos de los niños del país, circunstancia facilitada por la pandemia.
El llamado del Ministerio Público se hizo oficial en carta a los ejecutivos en cuyos territorios se están cometiendo el mayor número de episodios de esas características.
Las misivas, con nombre propio, fueron remitidas a los gobernadores Aníbal Gaviria Correa (Antioquia), Elsa Noguera de la Espriella (Atlántico), Vicente Antonio Blel Scaff (Bolívar) y Luis Carlos Velásquez Cardona (Caldas).
Mensajes idénticos recibieron Nicolás García Bustos (Cundinamarca), Luis Enrique Dussán (Huila), Mauricio Aguilar Hurtado (Santander), José Ricardo Orozco (Tolima), y Clara Luz Roldán (Valle del Cauca).
En las misivas la Procuraduría les reclama acciones contundentes que permitan hacer frente a "una realidad injusta, que denota descuido por parte del entorno familiar a los menores de edad”.
Según estadísticas en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con corte al 5 de noviembre, “en Valle del Cauca se han presentado 1257 casos de amenazas o vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, relacionados con situaciones de violencia sexual, física, abandono, omisión o negligencia, maltrato y situación de amenaza a la integridad”.
En la lista negra también aparecen, por orden del número de sucesos, Santander con 571, Tolima con 501, Bogotá con 463, Huila con 396, Antioquia con 363, Cundinamarca con 339, Caldas con 261, Bolívar con 247 y Atlántico con 234.
Con relación a las solicitudes de restablecimiento de derechos la lista es la siguiente: Bogotá, 8.342 en Antioquia, 7.516 en Valle del Cauca, 5.591 en Cundinamarca, 4.124 en Atlántico, 3.459 en Santander, 3.284 en Tolima, 2.842 en Huila, 2.585 en Caldas y 5.460 en Bolívar.
Ante esos números la Procuraduría pidió acciones preventivas y de vigilancia dentro de un plan estratégico “de prevención, protección y mitigación, dirigida a evitar que los derechos de niños, niñas y adolescentes continúen en riesgo”. 
