Por: Alejandro

Estaba siendo investigado por presuntamente haber transgredido normas legales en cuanto a  la designación del sucesor del alcalde de Mosquera,  Luis Álvaro Rincón, quién fue destituido en el 2.011. Dice el Ministerio Público que, en efecto, el entonces mandatario seccional sí cumplió con los procedimientos de ley al proceder con la designación del encargado y que no vulneró los derechos alegados en una queja presentada en su contra.

La querella decía que González Díaz había omitido la expedición del acto administrativo mediante el cual debía efectuarse el nombramiento definitivo del alcalde de la mencionada población, quién debía completar el período constitucional entre el 2.008 y 2.011 ante la falta del titular; éste fue separado del cargo mediante Decreto 0026 del 20 de enero del año referenciado.

En el cargo por el cual afrontó el proceso de responsabilidad se señalaba que con ese supuesto comportamiento permitió que el periodo restante en la administración de Mosquera, que culminó el 31 de diciembre de 2011, quedara a cargo del alcalde encargado Juan Carlos Espinosa Cruz, secretario de Hacienda, en contravía de lo dispuesto en el artículo tercero del acto legislativo 02 del 2 de agosto de 2002, el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 y la Ley 1475 de 2011.   

Al respecto, advirtió el Ministerio Público que quedó demostrado en pruebas documentales que el entonces mandatario departamental dio instrucciones precisas, mediante oficio SGDAM 001291, para que fuera nombrado como alcalde de ese municipio el señor Espinosa Cruz, y que incluso se elaboró un proyecto de decreto mediante el cual se hacía efectiva esta orden; sin embargo, al parecer, el proyecto de acto administrativo pasó a revisión a la Secretaría Jurídica y no volvió a conocerse el paradero ni destino final de este.

De igual forma se valoró que el gobernador, una vez tuvo conocimiento de la sanción de la Procuraduría al burgomaestre Rincón, procedió a darle cumplimiento al fallo y nombró al secretario de Hacienda como alcalde encargado, funcionario que también integraba la terna presentada por el partido político del destituido mandatario para su reemplazo, dejando claro que tampoco se vulneraron los derechos del partido, ni se traumatizó la marcha normal de la administración pública y tampoco se afectaron los derechos de los demás integrantes de la terna.

La falta había sido calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave.