Estima la procuraduría General que una auditoría encargada de vigilar las “cuentas médicas a las Instituciones Prestadoras de Salud -IPS-, públicas y privadas”, puede contener aspectos dudosos.
La petición, que es en realidad una acción preventiva, se constituye en un alerta sobre presunta vulneración de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva dentro del Contrato IP-CONME-010-2020.
Para el Ministerio Público el procedimiento, que compromete $3.688 millones, se dio sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento territorial, razón por lo cual debe ser revisado.
“Los estudios previos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -Secop-, no habrían incluido la justificación sobre las exigencias de perfiles de los profesionales requeridos”, observa el organismo de control.
Insiste en que, ese aspecto, impide “la verificación de los estándares para garantizar la idoneidad de los oferentes”.
También señala la Procuraduría que no se habría efectuado el correspondiente estudio de mercado que justifique los requerimientos del software exigido para participar en el proceso.
Lo anterior podría sugerir “un posible favorecimiento ante la falta de claridad, precisión y correlación necesarias entre las condiciones del pliego y el beneficio que se obtiene de la exigencia del cumplimiento de requisitos habilitantes y/o calificables”.
Para el Ministerio Público, además, se estaría “frente a una irregularidad, con la presunta modificación de temas relevantes del pliego de condiciones a través de adendas expedidas pocos días antes del cierre del proceso de contratación”.
Estos ajustes habrían ocurrido con la Adenda 3 de fecha 21 de julio de 2020, en las que se establecen requisitos adicionales no justificados a los inicialmente pactados.
Ante ese escenario la Procuraduría recordó que los pliegos de condiciones son fundamentales en la etapa precontractual, “porque regulan el proceso de selección, garantizan la libre concurrencia y permiten dar cumplimiento a los principios que rigen la función administrativa y salvaguarda de los recursos públicos”.
En razón de los anterior pidió al gerente general de Convida EPS, Hernando Durán Castro, suspender el proceso por $3.688’797.699 millones. 
