La Procuraduría ratificó su decisión apartándolo del cargo e inhabilitándolo por el término de 14 años; tiene relación con un contrato para la implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, “Chía I” Delicias Sur, que compromete recursos por el orden de los $19 mil millones.
Para el Ministerio Público sus agentes pudieron confirmar que tanto el alcalde de la época (2012 – 2015) Guillermo Varela Romero, su secretario de Obras Públicas, Rafael Antonio Ballesteros Gómez, y el exjefe de la Oficina de Programación, cometieron irregularidades en contratación.
“El ente de control confirmó que los disciplinados adjudicaron directamente el Contrato de Aprovisionamiento 2015-CT381 de noviembre de 2015, a la sociedad Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia, a pesar de conocer que en el mercado existían distintos oferentes interesados en iniciar la obra para optimizar la PTAR”.
Además y en un segundo caso, la Procuraduría también pudo comprobar que los mismos exfuncionarios omitieron adelantar los diseños de viabilidad con los que debía iniciar la obra la entidad territorial.
Pasando por alto ese detalle aprobaron y suscribieron los estudios previos y el análisis del sector, “teniendo como guía, únicamente, los diseños aportados por Gehs en el año 2013”.
Con ello, estima el organismo de control, se transgredieron los principios de transparencia y selección objetiva que regulan la contratación estatal, evadiendo el procedimiento de licitación pública por el cual debió adjudicarse el contrato.
Los hechos fueron calificados como faltas “gravísimas y graves a título de culpa grave”. 
