Así lo reveló un informe entregado por la Contraloría General de la República, al formular una serie de reclamos y señalamientos en torno a la falta de voluntad de las autoridades y entidades por cumplir la orden del Consejo de Estado, que dispuso la urgente intervención del afluente; esto ocurrió hace 10 años. Dijo que los costos hoy de ese trabajo ascienden a 9.3 billones de pesos cuando inicialmente habían sido estimados en 6.3 billones, es decir que cuestan 3 billones más por la pereza con que los responsables han actuado frente a ese deber.
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