El prolongado conflicto legal en torno a la licitación de pasaportes en Colombia ha dado un nuevo giro con la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de mantener la suspensión del proceso judicial hasta el 4 de febrero de 2025. Esta medida extiende una pausa que comenzó en octubre de 2024 y que originalmente debía concluir el 23 de enero de 2025. La decisión obedece a la necesidad de brindar tiempo adicional para que las partes involucradas puedan explorar posibles acuerdos que eviten un fallo judicial desfavorable y sus consecuencias financieras para el Estado.
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La controversia gira en torno a una demanda de 117.000 millones de pesos presentada por el consorcio Unión Temporal Pasaportes 2023, encabezado por Thomas Greg & Sons. Este conglomerado, que incluye también a Thomas Greg Express, Tomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Seguridad Móvil de Colombia, Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland Oy, alega daños económicos significativos debido a la cancelación de una licitación en 2023 por parte del entonces canciller Álvaro Leyva. Dicho contrato, valorado en 599.651 millones de pesos, estaba destinado a la emisión de pasaportes y su interrupción dejó en una delicada posición a Thomas Greg & Sons.
El actual canciller, Luis Gilberto Murillo, ha adoptado una postura conciliadora, buscando un acuerdo con la Unión Temporal Pasaportes 2023. Esto contrasta con la anterior gestión de Leyva, quien decidió declarar desierta la licitación y no consideró viable una conciliación en su momento, decisión que fue criticada por la Procuraduría General de la Nación, resultando en su destitución e inhabilitación por 10 años.
El proceso judicial, bajo la supervisión de la magistrada Bertha Lucy Ceballos, permanece en pausa mientras las partes evalúan la viabilidad de un acuerdo que podría retirar la demanda. La petición para esta nueva prórroga fue presentada el 22 de enero de 2025 y está documentada en el Sistema de Gestión Judicial (Samai). La continuidad del proceso en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pone en manos de Ceballos la responsabilidad de manejar este complejo caso legal.
En el contexto de estas discusiones, el excanciller Álvaro Leyva ha expresado en sus redes sociales su desacuerdo con las acciones de Murillo, señalando que las decisiones tomadas tras su salida del cargo no deben vincularse a su gestión. Leyva ha sido enfático en su posición, destacando que cualquier actuación por parte de Murillo respecto al contrato de pasaportes no tiene relación con sus políticas anteriores.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de trasladar la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional para septiembre de 2025, dejando atrás la participación de Thomas Greg & Sons. No obstante, hasta que este cambio se concrete, la empresa privada continuará con la impresión de los documentos, lo que ha generado debate debido al deseo del presidente de limitar el acceso de Thomas Greg & Sons a contratos estatales.
En este entorno, la reanudación de la licitación está programada para el 4 de febrero de 2025, un momento crucial que podría definir el rumbo de la impresión de pasaportes en Colombia. Las implicaciones de este prolongado proceso no solo afectan a las partes directamente involucradas, sino que también tienen el potencial de influir en las políticas contractuales del país.
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