El panorama de los servicios públicos en Colombia, particularmente el proceso de reconexión, está rodeado de incertidumbres y malinterpretaciones. Cuando los colombianos incumplen sus obligaciones de pago con las operadoras de servicios públicos como empresas de telefonía, es frecuente encontrar casos donde se aplica un cargo por reconexión que puede llegar a ser de hasta 80.000 pesos. Pero, ¿es legal este cobro?
Según la Ley 142 de 1994, que rige los servicios públicos domiciliarios en Colombia, hay circunstancias en las que el cargo por reconexión se convierte en un acto ilegal. No obstante, esto no implica que siempre sea así. El requisito clave para determinar la legalidad del cobro está en si la empresa incurre en algún gasto real para cortar y restablecer el servicio.
En la era digital contemporánea, la mayoría de las empresas de servicios, incluyendo grandes operadoras como Claro, ETB y Tigo, poseen la capacidad de activar y desactivar sus servicios desde sus centrales. Esto significa que no necesariamente tienen que enviar a un personal al lugar físico del cliente para hacer la reconexión, lo que cuestiona la validez del cobro de reconexión.
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La abogada Stephanie Rendón, ha compartido luz sobre este tema a través de su cuenta de TikTok, proporcionando consejos sobre lo que los clientes deben hacer ante la imposición de un cobro de reconexión ilegal. Según ella, los clientes no solo deben estar atentos a estos cobros en los servicios de telefonía e internet, sino en todos los servicios públicos.
Para entender mejor, consideremos algunos puntos mencionados por la abogada Rendón:
1. Las sentencias de tutela T1108 de 2002 y T793 de 2012 especifican que las empresas deben notificar a los clientes antes de la suspensión de los servicios públicos, más allá de una mención en la factura.
2. Los clientes deben estar informados sobre los recursos legales a su disposición en caso de que se imponga un cobro de reconexión.
3. La falta de notificación previa hace que el cobro de reconexión sea ilegal, y los clientes pueden solicitar la reconexión del servicio sin costo.
Finalmente, la abogada Rendón subrayó que estos derechos de los usuarios están protegidos por el derecho fundamental al debido proceso administrativo.
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