La gestión de pasaportes colombianos se ha visto sacudida por controversias legales y administrativas en las más recientes semanas. Tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente al canciller Álvaro Leyva Durán, el escenario adquiere nuevos tintes de incertidumbre. La sospecha de irregularidades en un proceso licitatorio que compromete significativamente las finanzas del Estado ha puesto en la palestra pública el manejo de asuntos contractuales en la Cancillería.
El origen de la disputa yace en la licitación 001 de 2023, destinada a la selección de una empresa encargada de la producción y distribución de pasaportes en Colombia, con un presupuesto estatal de $599 mil millones. La firma Thomas Greg & Sons, con precedentes contractuales en la materia, cumplió con los requisitos para ser considerada ganadora; sin embargo, una declaración desierta por parte de Leyva trastocó el panorama.
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La Procuraduría ha esbozado dos posibles faltas disciplinarias de gravedad atribuidas al canciller Leyva: el no fundamentar jurídica y técnicamente su decisión de dejar el concurso sin un ganador y la emisión de un decreto que proclamaba una "urgencia manifiesta" injustificada en el proceso de contratación. Estos elementos configuran un cuadro de posibles transgresiones de los principios de contratación estatal. Ante estos hechos, el Ministerio Público decidió la suspensión provisional del ministro, medida que, según el ente, busca prevenir la repetición de las faltas mientras se avanza en las investigaciones correspondientes.
Cabe destacar que las averiguaciones no han puesto en entredicho la conducta de José Antonio Salazar Ramírez, secretario de la Cancillería, quien fuera inicialmente vinculado al proceso. Las investigaciones respecto a su participación fueron archivadas, dejando la atención centrada en Leyva y otros actores asociados.
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