*Procuraduría formula cargos contra Karina Garzón, exalcaldesa de Arbeláez, Cundinamarca. La señala de haber incurrido, aparentemente, en “uso indebido de recursos del presupuesto municipal”.
La inquietud, que también alcanza a la entonces secretaria de Planeación Elsa Marcela Rojas Escobar, se refiere a que el par de funcionarias habrían pasado por alto aspectos fundamentales de contratación.
Para el Ministerio Público, la exmandataria (período 2020 – 2023) Garzón y Rojas no cumplieron con lo dispuesto por las normas a la hora de adquirir llantas para un vehículo compactador.
Según la misma percepción de los agentes de la Procuraduría en Fusagasugá, Garzón Avellaneda le dio visto bueno a la correspondiente solicitud de disponibilidad presupuestal del caso en referencia.
Procuraduría y la exalcaldesa de Arbeláez
Las mismas funcionarias, según informaciones conocidas en noviembre del año pasado, se habrían visto inmiscuidas en otro caso similar. Aparentemente, habrían incurrido en contratación irregular al cancelar una suma superior por los trabajos de mejoramiento del Parque Principal.
Esa obra contendría un sobrecosto por el orden de los $150 millones de acuerdo a las primeras evaluaciones de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del mismo organismo de control.
Consideró probable que los valores de los trabajos hayan sido incrementados en cerca de un “182,24 %, es decir, poco más de $150 millones” con relación a lo inicialmente convenido. (Ver: Procuraduría: Cargos a exlacaldesa de Arbeláez Karina Garzón)
Además, según reitera el organismo de control, la exmandataria de Arbeláez suscribió una adición mediante la cual extendía autorizaciones para desarrollar procesos que se desmarcan de las disposiciones administrativas legales.
Quiere decir que autorizó “el uso de dinero destinado a los sectores de mantenimiento y mejoramiento de vías en la compra de llantas para el mencionado automotor destinado a la recolección de residuos orgánicos y servicios de aseo”.
A su vez, Elsa Marcela Rojas, por entonces secretaria de Planeación, mantuvo a su cargo el requerimiento del certificado de disponibilidad presupuestal para la compra de las llantas. Por ello, posiblemente, desconoció la normatividad vigente sobre el uso que era posible darles a los distintos rubros.
Insiste la Procuraduría en que las exfuncionarias “pudieronpasar por alto la especificidad del proyecto que originó la contratación y los recursos asignados para su respectiva financiación”.
Especialización presupuestal
De acuerdo a las normas,el principio de especialización presupuestal establece que los recursos públicos deben ser ejecutados exclusivamente para los fines a los cuales fueron destinados en el presupuesto aprobado.
Para este caso, la presunta reorientación de fondos, como aparentemente sucedió, compromete no solo la legalidad del gasto, sino también la confianza ciudadana en la administración pública local.
“El desconocimiento de este principio por parte de las exfuncionarias, quienes por su rol debían conocer y aplicar con rigor la normativa presupuestal, representa una posible violación a la función pública”, dice.
Casos similares en Cundinamarca
Este no es un hecho aislado en el departamento. En los últimos años, varios exfuncionarios públicos de Cundinamarca han enfrentado investigaciones por presuntas irregularidades en la administración de recursos.
Por ejemplo, en2023, la exalcaldesa de Agua de Dios, Luz Marina Lasso, fue investigada por la Contraloría ante posibles sobrecostos en contratos de infraestructura. También implicaban el uso de recursos destinados a la mejora vial.
En ese caso, fueron descubiertos pagos por encima del valor de mercado para la adquisición de materiales, lo cual llevó a la apertura de un proceso fiscal por detrimento patrimonial.
Asimismo, en el municipio de San Bernardo, el exalcalde Óscar Rincón fue sancionado en 2022 por utilizar recursos del Fondo de Seguridad para la compra de insumos médicos, lo cual fue considerado una desviación del objeto presupuestal aprobado.
En muchos de estos casos, las sanciones han derivado en inhabilidades para ejercer cargos públicos y en investigaciones penales por parte de la Fiscalía, debido a posibles delitos contra la administración pública.
Llamado a la transparencia
Así, la situación que enfrenta Arbeláez vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en los entes territoriales, según expertos.
Debido a ello, la Procuraduría insistió en la importancia de la planeación presupuestal adecuada y el seguimiento riguroso al uso de los recursos públicos. Este dictado debe observarse, especialmente, en municipios donde la capacidad técnica y administrativa es limitada.
Entonces, de confirmarse la responsabilidad de las exfuncionarias de este caso, las dos podrían enfrentar sanciones que incluyen la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas hasta por 20 años. No descartan la posibilidad de investigaciones penales.
