La colaboración sin precedentes entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de España ha dado como resultado el desmantelamiento de una audaz organización criminal responsable de una racha de robos que estremeció el sector bancario. Esta acción policial conllevó a la detención de veinte presuntos miembros de la banda, cuyas actividades criminales se habían esparcido por varias comunidades autónomas del país.
Las pesquisas dieron inicio tras la detección de los patrones delictivos del grupo, que no se limitaba a una sola región sino que su radio de acción se expandía desde la Comunidad de Madrid hasta Andalucía y Castilla y León. Las sucursales afectadas incluyen, pero no se limitan, a localidades como Torrelodones, San Lorenzo del Escorial y Leganés, entre otras.
Estos perpetradores desplegaron una estrategia meticulosamente planeada para infiltrarse y extraer recursos financieros y electrónicos de los bancos. Sus métodos abarcaban desde la distracción de empleados hasta la anticipación de horarios de vehículos blindados, y arrebataban no solo dinero en efectivo sino también dispositivos personales como celulares.
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Dentro de los hechos capturados en las cámaras de seguridad, llama la atención la ausencia de disfraces o uniformes que cubrieran la identidad de los ladrones, una característica que eventualmente facilitó su identificación y captura.
Además de los atracos en sucursales, la banda también dirigía su atención a los vehículos de transporte de valores, esperando el momento óptimo para ejecutar el asalto. Este modo de operar da cuenta de la planificación y la sincronización que caracterizaban a la organización.
La composición del grupo era internacional, incluyendo, en el momento de la captura, a una mujer, tres cubanos y dieciséis colombianos. Los arrestos culminaron en la presentación de los sospechosos ante la justicia, cerrando, por el momento, un capítulo de incertidumbre para el sistema bancario de estas regiones.
Los robos, lejos de ser actos aislados o impulsivos, eran fruto de una planificación que aseguraba botines no inferiores a los 2,000 euros, alcanzando en algunas ocasiones cifras de hasta 5,000 euros por incursión.
La operación policial ha sido un golpe contundente contra el crimen organizado, demostrando la efectividad de las fuerzas de seguridad españolas en la cooperación y la acción coordinada. Con la red criminal fuera de operaciones, se espera un retorno a la tranquilidad y seguridad en las entidades financieras afectadas.
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