El Gobierno Nacional ha impulsado un cambio en el campo laboral con la incorporación de madres y padres comunitarios a la planta de trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Con la expedición del decreto 0586 de 2025, se formaliza un cargo que reconoce la relevancia de quienes desempeñan labores en hogares de servicio comunitario, avanzando en la implementación de políticas que buscan integrar esta función de manera progresiva.
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La firma del decreto por parte del presidente de la República sella un compromiso entre diversas entidades del Estado. En este sentido, el ICBF, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública han establecido una coordinación armónica para desarrollar los instrumentos normativos necesarios, respetando la arquitectura presupuestal establecida en el Marco Fiscal y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
El documento normativo plantea un proceso de formalización que se estructurará de forma gradual hasta alcanzar su consolidación en el 2028. Esta iniciativa forma parte de un plan que se ejecuta en el marco de una estrategia laboral enfocada en reconocer y proteger los derechos laborales de aquellos que dedican su vida a la atención y cuidado de infantes, ampliando el alcance de beneficios históricos.
Entre los aspectos fundamentales que se destacan en el decreto se pueden listar los siguientes:
• Inclusión de madres y padres comunitarios a la planta de trabajadores del ICBF.
• Desarrollo coordinado de herramientas normativas para la formalización laboral.
• Implementación gradual del proceso hasta el año 2028.
• Garantía de estabilidad y derechos laborales para quienes desempeñan esta labor asistencial.
El director del ICBF, Astrid Cáceres, señaló que la creación de este cargo marca un avance en el reconocimiento de una labor esencial, aunque también señaló la necesidad de procesos adicionales como la consulta popular y la reforma laboral para consolidar la condición de trabajadoras y trabajadores oficiales permanentes. Esta declaración refleja la intención de transitar hacia una mayor integración en el sector público.
La iniciativa ha sido recibida por diversos actores, entre ellos la congresista María Fernanda Carrascal. En sus comunicaciones oficiales, Carrascal enfatizó que la medida permitirá asegurar la estabilidad laboral y los derechos de estas personas, cumpliendo con una promesa formulada durante la campaña presidencial, lo que sitúa al decreto en un contexto de continuidad en las políticas de protección social.
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