Un llamado en esa dirección formularon tanto el gobernador Álvaro Cruz Vargas como el alcalde de La Mesa, Rodrigo Guarín Lesmes, para que la Procuraduría, la Contraloría del departamento y Superintendencia de Servicios Públicos resuelvan un litigio y levanten las medidas cautelares que impiden los trabajos. Si se cumplen las expectativas el sistema estaría en servicio antes de un año estimaron las autoridades seccionales.
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