En un momento crítico para el municipio de Silvania, que se enfrenta a la emergencia causada por una reciente creciente súbita que dejó un muerto y tres desaparecidos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, inauguraron un nuevo Centro de Atención de la Fiscalía.
Un aporte a la justicia en tiempos difíciles
La apertura de esta nueva infraestructura judicial en Silvania busca agilizar el proceso de denuncias, ofrecer orientación directa a la ciudadanía y mejorar de manera sustancial la gestión de casos relacionados con la justicia. La ceremonia se llevó a cabo mientras el Gobernador coordinaba activamente las acciones de respuesta a las emergencias registradas el pasado lunes, producto de las fuertes lluvias.
Autoridades departamentales y nacionales presentes en el acto destacaron que este nuevo espacio es un aporte directo a la construcción de un sistema judicial más cercano y eficiente para la comunidad.
Resultados en seguridad y un enfoque restaurativo
Durante la inauguración, el gobernador Rey, acompañado por la Fiscal General de la Nación, resaltó los logros en materia de seguridad para el departamento. Indicó que Cundinamarca se mantiene libre de grupos armados organizados y no ha registrado hechos terroristas recientes. Estos resultados, según el mandatario, son fruto del trabajo coordinado entre las instituciones y la participación activa de la comunidad.
Adicionalmente, se señaló que la nueva sede de la Fiscalía impulsará la resolución de casos y facilitará el funcionamiento de la Sala de Justicia Restaurativa y Terapéutica, un espacio fundamental para proporcionar apoyo psicosocial a las víctimas.
Un esfuerzo institucional conjunto
El evento contó con la participación de varias autoridades clave, incluyendo a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento, la Fiscalía General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el alcalde municipal, diputados y la Defensoría del Pueblo. La nueva sede representa un esfuerzo institucional coordinado para mejorar la presencia del Estado en el territorio, incluso en medio de circunstancias de emergencia.
