*Fiscalía ataca bienes del narcotráfico en Viotá, Cundinamarca. En la lista aparece un hotel desde donde, según las autoridades, se dirigían operaciones ligadas a la distribución de alucinógenos.
Las medidas cautelares adoptadas por el organismo investigativo tendrían que ver con el grupo delincuencial direccionado por la banda criminal conocida como “Los Buita”, según las autoridades.
De acuerdo al balance de la misma Fiscalía, los inmuebles tienen un valor aproximado a los $3.000 millones conforme a las valoraciones iniciales de los expertos.
En las mismas conclusiones se indica que el hospedaje incautado era utilizado para manejar todas las operaciones de microtráfico en esa población y, probablemente, en zonas vecinas.
Fiscalía y el narcotráfico en Viotá

Los procedimientos investigativos fueron organizados por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio que, con argumentos válidos, adoptó las citadas medidas.
Conforme a las tareas de los agentes especializados, la banda utilizaba las instalaciones del hotel para almacenar y comercializar estupefacientes; desde allí dirigían millonarias operaciones ilegales.
De acuerdo con las averiguaciones, el cabecilla de esta red se hacía pasar por encargado de la piscina del establecimiento; ello le facilitaba acceso y control de las instalaciones. Sin embargo, tras esa fachada se ocultaba un negocio ilegal.
Utilizaba una de las habitaciones del edificio para almacenar, dosificar y comercializar estupefacientes al menudeo, convirtiendo el lugar en un punto estratégico para el tráfico local.
La Fiscalía detalló que las conductas ilegales se habrían cometido entre los años 2022 y 2024. Esas pruebas incluyen entrevistas con testigos, seguimientos a los implicados, interceptaciones telefónicas y allanamientos que permitieron confirmar el uso de los inmuebles.
Durante las diligencias previas, las autoridades incautaron estupefacientes y aprehendieron a varias personas, incluyendo al presunto cabecilla de la organización. El fiscal encargado del caso concluyó que los propietarios de los inmuebles facilitaron las actividades de la red criminal.
Con sustento en ello, según la ley, fue validada la figura de extinción del derecho de dominio, asunto que le permite al Estado recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas.
Otros casos en Cundinamarca
Este suceso en Viotá no es un hecho aislado en el departamento. A lo largo de En últimos meses, la Fiscalía y la Policía Nacional intensificaron operativos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico que utilizan propiedades privadas como centros de almacenamiento y distribución de drogas.
Uno de esos casos fue detectado en Soacha. Allí, hace pocos días, las autoridades ocuparon un edificio de apartamentos donde se había identificado un laboratorio de procesamiento de cocaína. En este operativo, adelantado por la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, se encontraron insumos químicos, herramientas de procesamiento y más de 50 kilos de cocaína listos para su comercialización.
Según los investigadores, la organización criminal había adquirido el inmueble bajo una fachada de arrendatarios comunes, pero lo usaban para el procesamiento de la droga.
Asimismo, en el municipio de Facatativá, se impusieron medidas de extinción del derecho de dominio sobre una finca rural que era empleada como punto de acopio. Depositaban marihuana proveniente del departamento del Cauca. El operativo permitió la incautación de más de media tonelada de esa yerba prensada, al igual que la captura de cuatro personas vinculadas a esta actividad.
En otro caso registrado en Mosquera, la Policía logró la ocupación de una bodega industrial utilizada por una red de distribución de drogas sintéticas. Durante el allanamiento se encontraron pastillas de éxtasis y elementos para su dosificación, así como armas de fuego y dinero en efectivo producto de las ventas.
Golpe a las finanzas criminales
El uso de la figura de extinción del derecho de dominio le permitió a la Fiscalía debilitar las finanzas de las estructuras criminales. Para este año, de acuerdo con balances preliminares, las autoridades han ocupado más de 500 inmuebles en todo el país relacionados con actividades de narcotráfico y lavado de activos, algunos de ellos en departamentos como Cundinamarca.
Destacaron que los resultados alcanzados por las autoridades obedecen, en gran medida, a la colaboración de las comunidades. El aporte quedó materializado mediante llamadas anónimas o información suministrada a las autoridades; con ello facilitaron el avance de las investigaciones y la posterior judicialización de los responsables.