La Gobernación de Cundinamarca, a través del primer Comité de Seguridad y Orden Público del año realizado con carácter estratégico, definió las inversiones prioritarias, estrategias operativas y metas concretas que marcarán la pauta en convivencia ciudadana, justicia territorial y protección integral para 2026.
El secretario de Gobierno departamental, General (R.) Luis Fernando Navarro, anunció públicamente la aprobación definitiva del presupuesto anual del Fondo de Seguridad Territorial, recursos financieros vitales que serán destinados a fortalecer las capacidades de respuesta institucional, la modernización tecnológica y la cobertura territorial frente a las distintas manifestaciones del delito en el departamento.
Durante el año 2025, Cundinamarca destinó históricamente más de 20.512 millones de pesos a este rubro específico, logrando hitos estadísticos significativos en la reducción sostenida de la criminalidad y el fortalecimiento de la seguridad como bien público fundamental.
Los resultados operativos cuantificables del año anterior muestran contundentemente que Cundinamarca se mantiene como un territorio excepcionalmente seguro a nivel nacional: "sin presencia activa de grupos armados organizados, sin cultivos ilícitos detectables y sin actos terroristas registrados", con una tasa de homicidios que se ubica 11 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional calculado.
Además, se registró una reducción histórica del 57% en los delitos de alto impacto general y, por primera vez en 16 años de registros sistemáticos, disminuyeron simultáneamente todas las tipologías específicas de hurto (personal, residencial, comercial y de automotores).
El General Navarro destacó con satisfacción institucional que estos logros operativos son fruto directo de "una visión integral centrada en la prevención social, la inteligencia criminal y el bienestar comunitario liderada estratégicamente por el gobernador Jorge Emilio Rey".
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Componentes estratégicos del plan de seguridad 2026
Para el año 2026, el enfoque operativo estará centrado en tres componentes estratégicos interrelacionados: ampliación de la cobertura de justicia restaurativa y enfoque diferencial, fortalecimiento tecnológico de los Puntos de Atención de la Fiscalía (PAF), y profundización de los programas de prevención situacional y comunitaria.
La inversión proyectada para la modernización de la Seccional de Fiscalías asciende a 1.500 millones de pesos específicamente, recursos que permitirán la implementación de salas de atención virtual, equipos periciales móviles y sistemas de gestión digital de casos que reduzcan los tiempos de investigación y judicialización.
Estas acciones coordinadas entre Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aeroespacial y autoridades judiciales buscan consolidar definitivamente al departamento como "el territorio más seguro, competitivo y confiable para vivir e invertir en Colombia".
La estrategia de justicia restaurativa se expandirá de 15 a 30 municipios, implementando modelos de conciliación comunitaria, reparación simbólica y solución dialogada de conflictos que descongestionen el sistema penal formal y reparen el tejido social afectado por delitos menores.
Para la prevención situacional, se instalarán 500 nuevas cámaras de vigilancia en corredores viales estratégicos, se implementarán sistemas de alerta temprana comunitaria en 50 barrios priorizados, y se fortalecerán los programas de ocupación del tiempo libre juvenil con énfasis en municipios con mayores indicadores de vulnerabilidad social.
La articulación con el sistema educativo incluirá la implementación del programa "Territorios de Paz Escolar" en 100 instituciones educativas, combinando formación en competencias ciudadanas, detección temprana de riesgos y canalización de casos a redes de apoyo psicosocial.
Indicadores de gestión y rendición de cuentas
La administración departamental reiteró institucionalmente que "la seguridad ciudadana efectiva es la base fundamental del desarrollo económico sostenible, la competitividad territorial y la calidad de vida digna para todos los cundinamarqueses".
Para garantizar transparencia en la gestión de los recursos y efectividad en la implementación de las estrategias, se ha diseñado un sistema de indicadores de gestión que incluye 25 métricas específicas agrupadas en cuatro dimensiones: reducción del delito (homicidios, hurtos, lesiones), eficiencia institucional (tiempos de respuesta, tasas de judicialización), percepción ciudadana (encuestas de victimización y confianza institucional) y cobertura territorial (acceso a servicios de justicia y seguridad en zonas rurales).
Cada trimestre se realizarán comités técnicos de seguimiento con participación de veedores ciudadanos, representantes de organizaciones sociales y académicos especializados, cuyos análisis y recomendaciones alimentarán los ajustes necesarios a las estrategias implementadas.
Los recursos del Fondo de Seguridad Territorial serán auditados trimestralmente por la Contraloría departamental y los resultados serán publicados en el portal de transparencia de la Gobernación, estableciendo un precedente de rendición de cuentas en materia de seguridad que pocas entidades territoriales han alcanzado en el país.
Cundinamarca se proyecta así no solo como un departamento seguro en términos estadísticos, sino como un territorio que construye seguridad desde un enfoque integral, preventivo y comunitario.
La hoja de ruta 2026 representa la consolidación de un modelo que combina disuasión efectiva con oportunidades de desarrollo, control territorial con inclusión social, y capacidad institucional con participación ciudadana.
En un contexto nacional donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los colombianos, Cundinamarca ofrece un ejemplo concreto de que es posible avanzar hacia territorios más seguros mediante planificación estratégica, inversión focalizada y, sobre todo, la comprensión de que la seguridad verdadera se construye no solo persiguiendo delincuentes, sino creando condiciones sociales donde el delito encuentre cada vez menos espacio para germinar y desarrollarse en las comunidades.
