La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria al PAE de Soacha, Cundinamarca, debido a presuntas irregularidades en su contratación.
Por tal razón, la investigación está enfocada en la exdirectora de Cobertura de la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, Liliana Marcela Chaparro Sierra.
Esta funcionaria desempeñó su cargo durante el gobierno de Juan Carlos Saldarriaga. Ahora se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades debido a presuntas irregularidades en su desempeño relacionado con la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Dichas irregularidades son por un monto que supera los 16 mil millones de pesos. Cabe destacar que estas presuntas irregularidades habrían tenido lugar en el contexto de la pandemia por el Covid-19.
Procuraduría investiga PAE en Soacha, Cundinamarca
La Procuraduría ha decidido llevar a cabo un juicio disciplinario en contra de la entonces directora de Cobertura, en virtud de los señalamientos sobre las posibles irregularidades que habría cometido.
Los señalamientos tienen relación con dos contratos específicos para la prestación del servicio de alimentación escolar (PAE).
Como directora de cobertura y, al mismo tiempo, supervisora de estos contratos, se alega que habría estado involucrada en acciones que contravienen las normativas y pautas establecidas.
Las investigaciones han puesto de manifiesto que uno de los contratos bajo escrutinio presenta irregularidades que alcanzan una cifra que supera los siete mil millones de pesos.
Al parecer, durante el proceso de revisión de los documentos relacionados con el estudio de mercado, prórroga y adición de este contrato, la exsecretaria habría incurrido en sobrecostos sustanciales.
Precios de alimentos habrían sido inflados
Específicamente, los precios que la Alcaldía de Soacha habría pagado por los componentes necesarios para preparar las raciones alimentarias en el hogar habrían sido inflados en más de 479 millones de pesos.
La Procuraduría ha determinado que este aumento de costos se debió a que el análisis de precios consideró valores minoristas en lugar de valores mayoristas. Esto habría conducido a un sobreprecio significativo.
Adicionalmente, se han detectado irregularidades similares en otro contrato suscrito en el año 2020. En esta ocasión, también mientras cumplía funciones de supervisora, se estima que los sobrecostos podrían haber superado los 138 millones de pesos en comparación con los valores reales.
Por ello, la Procuraduría no solo tomó acciones contra la exdirectora de Cobertura, sino también remitió evidencia al secretario de Educación y Cultura durante el período en cuestión, Luis Eduardo Chávez.
Compulsar copias para que se investigue
Se le atribuye la presunta firma de diversos documentos vinculados a estos contratos, y la Procuraduría ha tomado la medida de compulsar copias para que se investigue su posible responsabilidad.
Las diligencias llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Nación tienen el objetivo de asegurar la eficiente y puntual ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Ante esto, se han solicitado intervenciones y medidas correctivas en Soacha y en otros municipios del departamento.
Estas acciones tienen como finalidad garantizar que los estudiantes continúen recibiendo el servicio sin contratiempos.
Situación que involucra cocina y comedor
En el caso del alcalde Saldarriaga Gaviria, alcalde de Soacha, la entidad de control ha informado sobre una situación crítica que involucra una cocina y un comedor.
A pesar de ser infraestructuras recientes, no están en condiciones operativas. Adicionalmente, se ha señalado la carencia de suministro de gas en los domicilios, la entrega ocasional de raciones industrializadas y la falta de raciones durante al menos cuatro días.
Todo esto representa un problema muy serio para todos aquellos beneficiarios de este programa.
Plazo para presentar reporte detallado
La Procuraduría General le otorgó al alcalde Saldarriaga un plazo de 10 días para presentar un reporte detallado sobre las medidas tomadas para abordar las observaciones que admiten correcciones inmediatas.
Además, se espera que presente un plan de acción diseñado para aquellas problemáticas que requieren soluciones a mediano y largo plazo.
De esta manera, se busca asegurar que las instituciones educativas involucradas en el PAE ofrezcan un servicio de calidad y sin interrupciones a los estudiantes beneficiarios.
