*Cárcel por homicidios en Soacha, Ubaté y Chocontá, Cundinamarca. Las investigaciones, desarrolladas por la Policía y la Fiscalía General, documentaron los casos tras lo cual la justicia determinó colocarlos tras las rejas.
Los violentos hechos aislados fueron reportados entre noviembre y diciembre últimos, tras lo cual los organismos del estado determinaron emprender los trabajos investigativos.
El balance contra delitos de estas características fue dado a conocer por la F.G., advirtiendo sobre el trabajo que las autoridades continúan adelantando durante los dos últimos mese del año en Cundinamarca.
Informaciones conocidas desde las sedes gubernamentales resaltan que las tareas contra la delincuencia continuarán siendo fortalecidas en todos los municipios de Cundinamarca.
Cárcel por homicidios en Cundinamarca
Tres personas —una mujer y dos hombres— fueron enviadas a centros penitenciarios por orden de jueces de control de garantías. serían responsables de homicidios ocurridos en distintos municipios del departamento durante los meses de noviembre y diciembre.
Las investigaciones para resolver esos casos fueron adelantadas por la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Sus unidades lograron documentar los hechos y presentar el material probatorio suficiente para que la justicia determinara imponer medidas de aseguramiento intramural.
Esos hechos, aunque aislados entre sí, tienen en común el uso de la violencia letal en contextos de intolerancia social, riñas y conflictos personales. La problemática de esta clase sigue generando preocupación dentro de las autoridades y la ciudadanía en Cundinamarca.
Tres homicidios, tres escenarios distintos
De acuerdo con la información oficial suministrada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados ocurrieron en Ubaté, Soacha y Chocontá.
El primer caso se registró el 30 de noviembre, en el barrio Villa Rosita de Ubaté, municipio del norte de Cundinamarca. Según la investigación, en medio de un acto de intolerancia, Francisco G. C. habría herido con un arma blanca en el pecho a Johan Sebastián Camacho González.
Debido a la gravedad de la lesión, la víctima falleció en el mismo lugar de los hechos, sin que los organismos de socorro pudieran hacer algo para salvarle la vida.
El segundo homicidio ocurrió el 7 de diciembre de 2025, en el municipio de Soacha, uno de los territorios más poblados del departamento y que históricamente ha concentrado una alta carga de conflictos agresivos.
Para este caso, servidores de la Policía Nacional atendieron el reporte de una riña en vía pública entre un hombre y una mujer. Al llegar al sitio, capturaron en flagrancia a Juliana O. R., quien, habría herido con una navaja al hombre con quien sostenía el altercado. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.
En cuanto al tercer hecho violento, este se presentó la noche del 9 de diciembre, al interior de un establecimiento comercial en Chocontá, provincia de Almeidas. Allí, según el expediente judicial, Fernando G. G. habría disparado en varias oportunidades contra Carlos Andrés Hernández Vega, presuntamente por motivos personales, causándole la muerte de manera inmediata.
Medidas de aseguramiento y cargos
Tras analizar los elementos materiales probatorios, los jueces de control de garantías acogieron la solicitud de la Fiscalía y ordenaron medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres procesados.
A cada uno les imputaron, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado. En algunos casos las imputaciones se extendieron a fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La Fiscalía confirmó que ninguno de los procesados aceptó los cargos. En razón a ello, los procesos continuarán su curso en las siguientes etapas judiciales, mientras los indiciados permanecen privados de la libertad.
Aunque las autoridades han insistido en que los homicidios registrados en estos casos no obedecen a estructuras criminales organizadas, continuaron sólidas las medidas contra el crimen. Para ellos continúa siendo real la intolerancia en algunos puntos del departamento.
En municipios como Soacha, las riñas, el consumo de alcohol, la intolerancia ciudadana y la presencia de armas blancas se mantienen como factores recurrentes en hechos de sangre. Recientes, la Policía Metropolitana de Soacha reportó múltiples capturas relacionadas con homicidios y lesiones personales, muchas de ellas ocurridas en espacios públicos y durante fines de semana.
Situaciones similares se han presentado en otros municipios de Cundinamarca. En Fusagasugá, por ejemplo, varios homicidios registrados en 2023 y 2024 estuvieron relacionados con disputas personales y violencia intrafamiliar.
En Girardot, las autoridades han alertado sobre el aumento de riñas asociadas al turismo y al consumo excesivo de alcohol en temporadas festivas. A su vez, en Zipaquirá y Facatativá, algunos casos recientes han tenido relación con ajustes de cuentas y conflictos derivados del microtráfico.
Casos similares en Bogotá
La problemática tampoco es ajena a Bogotá. Según reportes oficiales, una parte significativa de los homicidios ocurre en contextos de intolerancia social. Localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Santa Fe han concentrado hechos violentos en los que armas blancas y de fuego han sido utilizadas durante riñas o disputas personales.
Ante esta circunstancia, la Policía insistió en que muchos de estos homicidios podrían evitarse con una mayor cultura de la convivencia, control al porte de armas y atención temprana a conflictos familiares y comunitarios. De hecho, varios de los casos judicializados en la capital presentan patrones similares a los registrados en municipios vecinos, lo cual ha llevado a reforzar estrategias conjuntas entre autoridades distritales y departamentales.
Frente a este panorama, la Policía Nacional anunció que continuará fortaleciendo las estrategias de control y prevención del delito en diferentes entidades territoriales del centro del país.
Medidas para frenar violencia e intolerancia
Ante un escenario que se insinúa como tenso por lo que puede ser un incremento de hechos violentos, las autoridades, y en particular la policía, abrieron paso a una serie de medidas.
Determinaron incrementar los patrullajes tanto en zonas urbanas y rurales, particularmente en aquellas con mayor incidencia de delitos. También subieron el número de operativos de control al porte de armas blancas y de fuego, con especial énfasis en espacios públicos y establecimientos abiertos al público.
Otros procedimientos tienen que ver con los planes de prevención de la intolerancia, orientados a reducir riñas y conflictos derivados del consumo de alcohol. Miran, igualmente, el trabajo articulado con alcaldías municipales, comisarías de familia y gestores de convivencia.
En agenda figura, de la misma forma, el fortalecimiento de la investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía, para garantizar que los responsables de homicidios sean judicializados.
Voceros de la institución señalaron que “la lucha contra el homicidio es una prioridad y que no habrá tolerancia frente a quienes atenten contra la vida”.
Llamado a la convivencia y a la denuncia
A su vez, la Fiscalía General y la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente cualquier hecho delictivo y contribuya con información que permita prevenir tragedias. Insistieron sobre la importancia de resolver los conflictos por vías pacíficas y de acudir a las autoridades antes de que las situaciones escalen a niveles irreversibles.
