*CAR golpea producción ilegal de carbón vegetal en Tausa, Cundinamarca. El procedimiento se acomoda dentro de las estrategias encaminadas a proteger el medio ambiente.
La irregularidad fue provocada por una empresa maderera que, de acuerdo a lo concluido por las autoridades, no cumplió con las normas vigentes en materia de manejo comercial de las reservas forestales.
El procedimiento corrió por cuenta de la Regional de la CAR Ubaté, una tarea acompañada por la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental. También participó la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía de Cundinamarca.
Los procedimientos facilitaron la incautación de más de una tonelada de material transformado, el cual no se ajustó a las disposiciones exigidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
CAR: decomisan carbón vegetal ilegal
El trabajo se enmarca dentro de las estrategias ambientales para frenar el daño a los recursos naturales y sancionar a quienes incumplen la normativa forestal. Los procedimientos se cumplieron en Tausa, Cundinamarca, mediante intervención de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
Al trabajo acudieron la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía de Cundinamarca y la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental. Todos ellos adelantaron el operativo de control que finalizó con la incautación de más de una tonelada de carbón vegetal y madera procesada de origen ilegal.
De acuerdo con las autoridades, la empresa maderera responsable de la actividad incumplía con la normatividad vigente en materia de permisos forestales. Tampoco contaba con el libro de operaciones, documento esencial para el control de la entrada y salida de productos de origen forestal.
El procedimiento en Tausa
Durante la diligencia técnica fueron decomisados 1.351,260 metros cúbicos de madera procesada, correspondiente a especies como pino pátula y eucalipto. Igual, a manos de las autoridades pasaron 96 bultos de carbón vegetal listos para su comercialización.
Lo más grave fue el hallazgo de madera de roble, especie clasificada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de Plantas de Colombia. Ello eleva la gravedad del caso debido a la protección especial que la ley otorga a esta especie.
Así mismo, los inspectores de la CAR también encontraron diversos procesos de transformación de la madera: piezas rollizas, tablas, varas y listones. Esta circunstancia demuestra que la actividad ilegal no era reciente, sino que formaba parte de un sistema productivo constante y organizado.
Medida preventiva contra la empresa maderera
Por estos hallazgos, la CAR impuso una medida preventiva contra la empresa responsable, lo cual significa que no podrá continuar con su actividad mientras no cumpla con los requisitos legales.
Según explicó el director Regional de la CAR Ubaté, Julio César Sierra León, la falta del libro de operaciones también pasó a ser una disposición violentada. Tal circunstancia demostró que, en realidad, la empresa se hallara dentro de un espacio que puede rayar con la ilegalidad.
“A las empresas del sector forestal les hago un llamado a operar bajo el marco legal y con responsabilidad ambiental”, señaló. Recordó que el uso inadecuado de los recursos naturales tiene consecuencias legales y ambientales.
La CAR insistió en que este tipo de procedimientos no solo buscan sancionar, sino también prevenir la degradación ambiental garantizando que los bosques de Cundinamarca no se conviertan en un recurso explotado sin control ni sostenibilidad.
Casos similares en Cundinamarca
Este operativo en Tausa no es un hecho aislado. En los últimos años, la CAR y la Policía Ambiental han venido adelantando múltiples procedimientos en distintos municipios de Cundinamarca. Comprobaron que la producción ilegal de carbón vegetal y la tala no autorizada han generado serios impactos sobre los ecosistemas locales.
Hace dos años, en Zipaquirá, la CAR reportó la incautación de más de 200 bultos de carbón vegetal en un operativo realizado en zona rural del municipio. Allí desmantelaron hornos artesanales que operaban sin licencia, afectando el bosque nativo y contaminando fuentes hídricas.
Un año antes, en Cogua, muy cerca de Tausa, las autoridades encontraron varias zonas de aprovechamiento ilegal de roble y otras especies nativas. La investigación permitió sancionar a los responsables con multas ambientales y el cierre de los puntos de acopio de carbón vegetal.
Antes, en el 2021, la misma autoridad ambiental decomisó alrededor de 80 metros cúbicos de madera y cerca de 60 bultos de carbón vegetal que estaban siendo transportados sin salvoconducto. Ocurrió en Nemocón.
Ubaté y Simijaca fueron escenarios de casos similares en el 2020. En medio de operativos de control, fueron hallados hornos ilegales de carbón que funcionaban a cielo abierto, sin ninguna medida técnica de mitigación de emisiones. Además de la incautación, se ordenó la restauración de las zonas afectadas.
Impacto ambiental y social
El carbón vegetal es un producto altamente demandado, pero su producción ilegal genera múltiples consecuencias:
-Deforestación acelerada: La tala sin control disminuye las coberturas boscosas y afecta el equilibrio ecológico.
-Pérdida de biodiversidad: Especies como el roble, que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas, se ven amenazadas por la explotación indiscriminada.
-Contaminación atmosférica: Los hornos artesanales liberan grandes cantidades de CO₂ y material particulado, deteriorando la calidad del aire.
-Efectos en la salud pública: Las emisiones afectan principalmente a niños y adultos mayores en zonas rurales, donde el aire contaminado genera enfermedades respiratorias.
-Impacto económico: El comercio ilegal del carbón vegetal perjudica a quienes sí cumplen con las normas, generando competencia desleal y debilitando el mercado formal.
Para la CAR de Cundinamarca no se trata únicamente de imponer sanciones, sino de fortalecer la conciencia ambiental en la ciudadanía y en el sector productivo.
El director regional de la CAR Ubaté, Julio César Sierra León, insistió en que las empresas madereras deben implementar planes de manejo forestal que garanticen la sostenibilidad de los recursos y la reposición de las especies taladas.
De igual manera, recordó que la legislación ambiental colombiana contempla sanciones económicas severas e, incluso, procesos penales para quienes insistan en este tipo de prácticas.
