Sanción de 10 años, consistente en inhabilidad, también enfrenta alcalde de Tocancipa, Cundinamarca, Walfrando Forero para desempeñar cargos oficiales. La suspensión fue comunicada por el Ministerio Público este jueves (01-02-2024).
En concreto, según la PGN, el actual mandatario de Tocancipá, elegido el pasado domingo 29 de octubre, deberá ser apartado de su cargo como Jefe de la Administración Municipal.
Para el Ministerio Público, Forero Bejarano sí violentó rígidas disposiciones sobre contratación en el 2017 cuando ocupaba la misma posición.
Según la decisión del organismo de vigilancia y control, el actual mandatario realizó una adición presupuestal desconociendo el trámite que obligatoriamente debía cumplir ante el Concejo del municipio.
Argumentos de la suspensión
Dice la Procuraduría que el mandatario de Tocancipá, sin el aval del Cabildo local, adelantó movimientos contables que no le son permitidos a la luz de disposiciones existentes para ese tipo de acciones.
“Hizo adiciones al presupuesto de ingresos y gastos en la vigencia 2017 por $ 66.656.347.702, de los cuales la suma de $ 31.383.948.716, correspondía a superávit de recursos propios, sin tener facultad para ello”.
En razón a ello, la Procuraduría Provincial de Zipaquirá lo sancionó en enero de 2021, decisión que también cobijó a Miguel Alejandro Rico Suárez, quien se desempeñaba como su secretario de Hacienda.
Para la Sala de Juzgamiento Disciplinario de Servidores Públicos, Bejarano, quien fue reelegido para el actual periodo (2024-2027), en su momento, cometió faltas disciplinarias graves. Le imputaron cargos a título de culpa gravísima.
Esa instancia confirmó el fallo de primera instancia proferido por la Provincial de Zipaquirá, y le impuso sanción de 10 meses de suspensión en el ejercicio del cargo.
Así, contra de “Walfrando Adolfo Forero Bejarano pesa una inhabilidad del Ministerio Público por 10 años por incremento patrimonial injustificado que espera decisión del Consejo de Estado”.
Más allá de las actuales determinaciones en su contra, el entonces candidato a la Alcaldía de Tocancipa decidió presentarse para regresar al primer cargo del municipio. Fue elegido. Y asumió por encima de las advertencias formuladas desde el Ministerio Público.
Había sido destituido “por un incremento patrimonial injustificado de $951 millones, según lo determinó la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular en segunda instancia”.
Posteriormente, la Procuraduría, en cumplimiento de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, remite el caso al Consejo de Estado acogiendo “el recurso extraordinario de revisión”.
La Corte Constitucional había establecido que las decisiones disciplinarias contra servidores de elección popular solo pueden ser impuestas de forma definitiva por un Juez de la República.
Advierte la Procuraduría que, a pesar de los hechos ocurridos durante el mandato anterior de Forero Bejarano entre 2016 y 2019, la decisión de segunda instancia se tomó posterior a nuevos hechos.
Sucedió después de que la Registraduría Nacional emitiera la credencial electoral que lo declaró mandatario electo para el periodo 2024 – 2027, en base a decisión popular de las elecciones de octubre pasado.
La determinación de la Procuraduría “busca proteger el principio democrático y el derecho a la representación política de los electores”, incluyendo la revisión conforme a lo establecido por la Corte Constitucional.
Antecedentes de la suspensión
El pasado noviembre, Forero Bejarano fue sancionado en segunda instancia por un incremento patrimonial injustificado de 951 millones de pesos. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular determinó que el ex funcionario no justificó de manera satisfactoria dicho aumento de su patrimonio durante el 2017.
Argumentó la Procuraduría que el Mandatario desobedeció “consciente y voluntariamente” las normas que le exigían rendir cuentas sobre su patrimonio. Con ello incumplió deberes que ya conocía por haber ejercido como concejal y alcalde en periodos anteriores.
Paralelamente, mantuvo ingresos y gastos durante 2016 y 2018 que no pudo explicar y respaldar de manera fiable y razonable, llevando a la calificación de su conducta como una falta gravísima con dolo.
