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Protección del Poder Adquisitivo Frente a Inflación y Reajustes

por: Julian Glevez

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El inicio de cada año trae consigo un viento de cambio en la economía, una dinámica con la que los colombianos están bien familiarizados. Pero este año, un giro sustancial está en marcha: una medida gubernamental que promete preservar el poder adquisitivo de la población y minimizar los riesgos inflacionarios del país.

Para comprender la magnitud de esta iniciativa, es clave entender que los ajustes económicos, los cuales tradicionalmente erosionaban el recién incrementado salario mínimo, ahora seguirán una nueva métrica. La Unidad de Valor Básico (UVB), desvinculada de la Unidad de Valor Tributario (UVT), se convierte en la piedra angular de este cambio. Es un paso decisivo que refleja la voluntad del Gobierno Nacional de desindexar la inflación y los aumentos salariales de elementos cruciales para la economía.

El espíritu de esta política es combatir la escalada de precios al comienzo de cada año, un fenómeno que ha venido amainando desde abril del año anterior, culminando con una tasa de inflación anual del 10,15% a noviembre.

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La implementación de la UVB, cuyo valor ha sido fijado en 10.951 pesos, refleja un aumento del 9,51% alineado con el Índice de Precios del Consumidor (IPC) excluyendo alimentos no regulados. A modo comparativo, la UVT para 2024 sufrió un aumento del 10,97%, ubicándose en 47.065 pesos.

Los cambios en cifras:

- La UVB de 10.951 pesos representa un incremento del 9,51%.

- La UVT para 2024 es de 47.065 pesos, marcando una subida del 10,97%.

En paralelo, el salario mínimo experimentó un crecimiento del 12,07%, elevándose a 1'300.000 pesos. Esta realidad promete un respiro económico para los ciudadanos, dado que los precios de aproximadamente 100 elementos económicos ya no subirán con la misma intensidad que antes.

La lista de elementos ahora vinculados a la UVB es extensa e incluye:

- Coberturas del Soat.

- Sanciones, multas y tarifas en sectores del transporte y trabajo.

- Requisitos financieros para empresas públicas y privadas.

- Condiciones para acceder a programas estatales.

- Limitaciones y requerimientos en operaciones financieras.

- Tarifas y comisiones en transacciones económicas.

- Cuotas en sectores agropecuarios y de salud.

- Categorizaciones de hogares y entidades por patrimonio e ingresos.

- Incentivos en aseo público y retribuciones en órganos directivos.

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