*El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue incluido en Lista Clinton. Junto a Él aparecen su esposa Verónica Alcocer; su hijo Nicolás y el ministro del Interior Armando Benedetti.
Sobre la decisión se supo este viernes (24 de octubre 2025) mediante anuncios oficiales difundidos por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.
El mensaje corrió a través de la red X la tarde de este viernes (24 de octubre 2025) confirmando rumores que venían siendo escuchados de fuentes cercanas a la Casa Blanca en Washington.
Contrario a lo sustentado por la Casa de Nariño, el Gobierno norteamericano dice que, durante estos tres últimos años, la producción de cocaína subió de manera importante en Colombia.
Gustavo Petro a la Lista Clinton
Fue una decisión de alto impacto diplomático adoptada por la Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, a su esposa, Verónica Alcocer; al hijo del mandatario, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la denominada “Lista Clinton”.
Se trata de una figura mediante la cual, el Gobierno norteamericano “castiga” a quienes, según alegan, atentan contra la estabilidad y las normas de la Nación del norte.
Dice el comunicado oficial del Tesoro norteamericano, que la acción fue adoptada “para sancionar a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas”, mediante la Orden Ejecutiva 14059.
Conocida coloquialmente como “Lista Clinton” tiene su origen en la orden ejecutiva emitida por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton en 1995. Con ello busca sancionar a personas y entidades vinculadas al narcotráfico internacional.
La OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) publica y mantiene varias listas, entre ellas la SDNT (Specially Designated Narcotics Traffickers) y la SDNTK, que se conocen comúnmente como la “Lista Clinton”.
En el caso colombiano, históricamente en la lista han incluidos individuos y empresas por su vinculación con carteles de la droga, lavado de activos y grupos armados que financian narcotráfico.
Durante el mandato de Gustavo Petro, el Gobierno de los Estados Unidos ha expresado críticas crecientes respecto a la política de control de drogas en Colombia. Alega que la producción de cocaína alcanzó niveles récord. El 23 de octubre de 2025, el United States Department of State emitió un comunicado donde no certificó a Colombia como país colaborador en la lucha antinarcóticos debido a deficiencias declaradas.
Adicionalmente, en los meses recientes se había deteriorado con fuerza la relación bilateral entre Washington y Bogotá: recortes de ayuda militar, tensiones diplomáticas y acusaciones mutuas.
Motivo declarado de la sanción
El comunicado de la OFAC dice que Gustavo Petro fue designado “por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, en el mercado de alucinógenos” hacia ese país.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, “inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Otra cosa dice la Casa de Nariño que, por el contrario, muestra números que indican un aumento en las incautaciones y la erradicación de siembras prohibidas.
También alega Washington que Petro “ha permitido que los cárteles de la droga florezcan y se ha negado a detener esta actividad”.
La decisión representa una escalada sin precedentes; es poco frecuente que un jefe de Estado de un país aliado sea inscritos en la lista de sancionados.
La inclusión de estos personajes en la lista de la OFAC tiene varias consecuencias jurídicas y económicas de gran calado. Todas sus propiedades e intereses en bienes que estén en Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, quedan congelados. Además, prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer transacciones con los designados, directa o indirectamente.
De la misma forma, las entidades y personas internacionales deben evitar cualquier vínculo comercial o financiero con los designados; de lo contrario pueden asumir riesgos legales.
En términos diplomáticos, Colombia podría afrontar recortes de cooperación, sanciones comerciales adicionales, y una mayor presión de Washington para cambiar políticas antidrogas. Ya se habían anunciado recortes de ayuda militar.
Para la economía colombiana, aunque no se ha anunciado aún una suspensión masiva de relaciones comerciales, el riesgo para ciertos sectores exportadores y para la imagen internacional del país es considerable.
Reacción del gobierno colombiano
Desde Bogotá, la presidencia de Petro anunció que recurrirá a la justicia estadounidense para impugnar la decisión y que reclamará la corrección del caso. El gobierno colombiano rechaza las imputaciones y afirma que la estrategia antinarcóticos sigue activa y que los datos son parciales.
Por su parte, el ministro Armando Benedetti, uno de los sancionados, también manifestó que la medida responde a una intención política de desestabilizar al gobierno colombiano.
