*Expresidente Álvaro Uribe: condenado a 12 años de prisión; se constituye en el primer Jefe de Estado que en Colombia es puesto tras las rejas. Tendrá prisión domiciliaria. También deberá pagar millonaria multa por decisión de la Juez 44 del Circuito de Bogotá a quien le correspondió el caso.
La sentencia corresponde a infracciones de las leyes colombianas, principalmente las relacionadas con “soborno en actuación penal y fraude procesal”. Conocido el fallo, de inmediato, la defensa anunció apelación ante las instancias legales correspondientes.
Cumplida la lectura de la determinación de la administradora de justicia, Sandra Liliana Heredia, ella misma extendió la orden para que se procediera con la detención del exmandatario nacional.
La sentencia también dispone el pago de una multa igual a 2.420 salarios mínimo legales mensuales vigentes, es decir, el equivalente a 3.444 millones de pesos; igual, y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años y tres meses.
Expresidente Uribe: condenado
Ahora, si al final, Uribe Vélez es condenado una vez sea resulta la apelación y los recursos advertidos por la defensa, el exjefe de Estado cumplirá su sentencia en la finca Llanogrande. Es una sus propiedades ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, al oriente de Medellín y en camino hacia Cocorná.
En la lectura del fallo, un documento de 1.114 páginas, la juez Heredia explicó que la decisión se fundamenta en varios “aspectos claves”. Dice que el acusado “fue el determinador de un esquema sistemático de manipulación de testigos” en los cuales utilizó como emisario a su abogado de confianza, Diego Cadena Ramírez.
“Uribe fue el arquitecto de una estrategia dirigida a torcer la verdad judicial. Su intención era desacreditar los testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares y presentarse ante la justicia como víctima de un complot político”, indicó.
A renglón seguido dijo que Uribe Vélez, “no actuó de manera pasiva” y que, por el contrario, “dirigió, supervisó y aprobó cada movimiento de su abogado para presionar a exparamilitares a retractarse o a modificar sus declaraciones”.
Entre los testigos clave en el proceso figura Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que denunció haber sido presionado, a través de su entorno familiar y jurídico, para favorecer al expresidente. Su declaración, y la de la exesposa de éste, fueron estacadas por la Juez.
Reseña del juicio
El origen del proceso judicial se remonta al año 2012, en momentos que el senador Iván Cepeda preparaba un debate en el Congreso sobre los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo. Entrevistó a varios exparamilitares en las cárceles, asunto que fue interpretado por Uribe como un intento de manipulación; por ello lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, en febrero de 2018, la Corte no solo archivó la denuncia contra Cepeda; decidió abrir investigación contra el exmandatario al encontrar indicios de que él era quien realmente habría intentado manipular testigos.
Con base en las pruebas recaudadas, la Fiscalía concluyó que el expresidente, junto a sus abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, promovió una red de sobornos en cárceles colombianas y estadounidenses.
Esta operación, según los alegatos, buscaba que los presos desmintieran cualquier relación entre los hermanos Uribe Vélez y grupos paramilitares que operaron especialmente en el Magdalena Medio y Antioquia. Todo ello debió suceder a lo largo de las décadas de los 90 y 2000.
Más tarde, en el 2020, tras un largo proceso, la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento contra Uribe. Sin embargo, al renunciar al Senado, el caso pasó a la justicia ordinaria, lo cual desencadenó controversias jurídicas sobre el fuero, la competencia y el estado del proceso.
Desde entonces, el juicio continuó con múltiples audiencias y controversias públicas. El 28 de julio de 2025, la juez Heredia dictó el sentido del fallo condenatorio, y este 1 de agosto se conoció oficialmente la condena y sus fundamentos.
La defensa anuncia apelación
Tras conocer el fallo, el abogado defensor, Jaime Granados, anunció que presentará apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. El recurso deberá ser radicado a más tardar el 11 de agosto (lunes), en cumplimiento de los cinco días hábiles que otorga la ley tras la lectura de la sentencia.
“Nosotros discrepamos profundamente con el fallo. Respetamos a la juez, pero no compartimos su interpretación de los hechos. Estamos seguros de que en segunda instancia lograremos demostrar la inocencia del expresidente”, afirmó Granados en declaraciones de prensa.
El caso ingtresará a estudio de varios magistrados, entre ellos Manuel Antonio Merchán, quienes deberán evaluar la validez del proceso, las pruebas presentadas, los testimonios recogidos y el debido proceso judicial.
Un fallo sin antecedentes en Colombia
La condena de Álvaro Uribe Vélez no tiene precedentes en la historia republicana del país. El exmandatario, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue una figura clave del siglo XXI en Colombia.
Durante su mandato, impulsó una controvertida política de seguridad democrática que debilitó a las FARC, pero que también dejó múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos. Esos señalamientos incluyeron aparentes ejecuciones extrajudiciales (los llamados “falsos positivos”) y alianzas con actores ilegales.
Para algunos sectores de la sociedad, el fallo representa un paso fundamental hacia la independencia judicial y la lucha contra la impunidad en las altas esferas del poder. Para otros, sin embargo, se trata de una persecución política contra una figura que, aún hoy, mantiene una base sólida de seguidores en varias regiones del país.
“Este fallo envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Ni siquiera quienes ocuparon la más alta magistratura del país”, expresó Marlene Orjuela, fiscal del caso, al conocer la decisión judicial.
¿Cómo queda la imagen del expresidente?
La sentencia llega en un momento crítico para el movimiento político fundado por Uribe, el Centro Democrático –CD-, que ha perdido fuerza en el Congreso y enfrenta divisiones internas.
Algunos analistas consideran que esta condena representa un golpe definitivo a su liderazgo político; otros sostienen que el expresidente mantendrá influencia en sectores del conservadurismo colombiano.
En redes sociales, la polarización fue inmediata. Mientras unos celebraban la decisión como una victoria del Estado de Derecho, otros la cuestionaban señalando supuestos sesgos políticos en el poder judicial.
Uribe Vélez permanecerá bajo prisión domiciliaria en su finca en Rionegro, mientras el Tribunal Superior de Bogotá estudia la apelación. De ser ratificada la condena, no podrá volver a ejercer cargos públicos, lo que afectaría cualquier eventual intento de reactivación política.
La jueza Heredia insistió durante la lectura del fallo en que la medida de aseguramiento obedece a la necesidad de preservar la confianza ciudadana en la justicia. “Evita la percepción negativa de que las personas pueden seguir gozando de su libertad pese a una condena cuando no se cumplen los requisitos para ello, y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada”, subrayó.
Según indicaron los abogados del expresidente Uribe Vélez, el caso será apelado; pasará al Contencioso en Bogotá. Allí el expediente permanecerá hasta un par de meses. Si se mantiene la sentencia les quedará la instancia superior antes de que el caso sea resuelto en definitiva.
