Habrían desconocido procedimientos legales al incorporar al perímetro urbano un bien de uso público, con la intención de habilitarlo para desarrollar una urbanización.
Las investigaciones comprometen al exalcalde Giovanni Villarraga Ortiz y 13 concejales de Madrid, Cundinamarca, (2012 – 2015) de acuerdo a las deducciones momentáneas de la Procuraduría General tras evaluar las denuncias correspondientes.
Datos preliminares indican que todos ellos harían incurrido en “presuntas irregularidades (mediante) la incorporación de un bien de uso público al perímetro urbano del municipio de Madrid para desarrollar un proyecto de vivienda”.
Se refiere en concreto a la habilitación de los terrenos rurales conocidos como “La Granada” (entregado al municipio en virtud de una cesión obligatoria), “desafectando su clasificación de uso público para transferirlo a una fiducia mercantil, sin aparentemente cumplir los requisitos legales”.
A juicio del Ministerio Público y teniendo en cuenta esos aspectos, el cambio de clasificación no se podía realizar “así fuera para la construcción de proyectos de vivienda de interés social y prioritario -VIS y VIP-, por lo que aparentemente se habrían extralimitado en el ejercicio de sus funciones”.
Quiere decir que para la Procuraduría el exalcalde Villarraga Ortíz y los concejales habrían vulnerado el principio de moralidad de la función administrativa.
Los coadministradores investigados son Jairo Humberto Arias Muñoz, John Jairo Bohórquez Triana, Jorge Humberto Chaux Joven, Yancly Escobar Sierra, José Dolores Giraldo Duque y Albeiro Jiménez Sterling.
También Manuel José Méndez Restrepo, Carlos Arturo Ramírez Santos, Nelson Arjady Rubio Abril, Álvaro Sarmiento González, Hawer Silva Marín, Joselito Silva Millán y José Ricardo Sarmiento González.
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